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Los fiscales Liliana Alcaraz, Francisco Cabrera y Silvio Corbeta, imputaron por extorsión a los camioneros Ángel Zaracho, Roberto Almirón, Juan Friedelin, Julio César Solaeche y Vicente Medina, quienes por resolución del juez penal de garantías Humberto Otazú, cumplen prisión preventiva desde hace una semana en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.
El lunes último, el fiscal Francisco Cabrera dijo, ante la Dirección de Comunicación del Ministerio Público, que " el material obtenido en la entrega vigilada tiene que ser objeto de análisis y sopesar si existe justificación para que sea exhibido”.
Cabrera añadió que “el siguiente paso sería básicamente corroborar de forma externa, todo lo que se pudo evidenciar en la reunión, entonces se harán cruces de llamadas, extracciones de mensajes del WhatsApp de los teléfonos, y con relación al video seguramente vamos a mandar a Laboratorio Forense para que haga una limpieza de ese ruido de ambiente que tiene”.
Presume manipulación
Sobre lo que dijo el referido agente del Ministerio Público, la abogada Miryan Fernández, expresó a ABC que “crea muchísimas dudas lo dicho por el fiscal”.
En otro momento habló de que “resulta que proceden las autorizaciones judiciales para las pregrabaciones, filmaciones, pero así como solicitaron, ellos tenían que entregar esos elementos en bruto, sin modificar, al juez. A mi me hace presumir que es una prueba manipulada”.
Amplió con que “si ellos en esa limpieza suprimen algunas partes, puede tener en el contexto general otro sentido”.
Fernández habló con relación a la pericia de los teléfonos de sus defendidos y adelantó que pedirá que la diligencia se haga en carácter de anticipo jurisdiccional de pruebas, “porque nosotros podemos proponer peritos y también establecer los punto de pericia”, dijo la abogada.
Sobre el motivodel pedido de anticipo jurisdiccional probatorio, la auxiliar de justicia sostuvo que pedirá eso porque “lógicamente lo que nos hace pensar es que están manipulando las pruebas”.
Carpeta fiscal
Fernández expuso que en la carpeta fiscal “no hay muchos elementos de cargo, es decir, no se cumplieron los requisitos para la imputación”, en ese sentido “como defensa vemos que la imputación fue muy apresurarada”.
La abogada dijo además que algunos de los hoy procesados debieron haber sido desvinculados del caso, porque no hay elementos en su contra.
Revisión de medidas
La abogada de la defensa informó que solicitó una audiencia de revisión de medidas que se sustanciará en la fecha a las 9:00, ante el juez penal de garantías especializado en delitos económicos José Agustín Delmás.
En ese sentido la abogada pidió una medida menos gravosa que la de la prisión preventiva para sus cinco defendidos.
Fernández expuso que cuenta con ciertos elementos sobre el caso que pretende añadir al expediente de la investigación fiscal, pero que recién lo hará después de que se lleve a cabo la diligencia.
También indicó que pretende solicitar las imágenes de circuito cerrado de la Planta de Petropar, ubicada en Villa Elisa, donde se celebró la primera reunión entre camioneros y autoridades y durante la cual se habría hecho el primer pedido.
Imputación señala tres encuentros
La imputación N° 3 de la Fiscalía señala que los camioneros Roberto Almirón, Ángel Zaracho y Julio Soloache, se reunieron con el ministro de Interior Federico González, el 11 de abril a las 11:00, cuando solicitaron US$ 1.000.000 para que no haya cortes de ruta.
Ante la negativa a dicha suma por parte del ministro, bajaron el monto a US$ 300.000 el 12 de abril, pero también tuvieron una negativa. Entonces, el 13 de abril, solo Zaracho fue a buscar los US$ 50.000 a la sede ministerial donde fue detenido.