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El Ejecutivo promulgó la Ley N° 6.903 que establece medidas de protección a los niños, niñas y adolescentes ante la influencia de las máquinas tragamonedas, sancionada por el Congreso a fines del mes pasado. De esta manera, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, deja en situación de nulidad el contrato que mantiene la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) que pretendía “regularizar” el uso de estos juegos en comercios no exclusivos de juegos de azar.
La Conajzar había iniciado el plan con la Resolución N° 34 para censo, catastro y explotación de tragamonedas en comercios de libre concurrencia de todo el territorio nacional. Para ello, firmó un contrato directo con la empresa iCrop SA, cuyos accionistas son Lucy Sy, de nacionalidad taiwanesa, y Lilian Beatriz Vera de Qiu, medida cuestionada por la Contraloría General de la República (CGR), la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y hasta por la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci). Los exmiembros de la comisión que impulsaron ese plan y algunos que todavía forman parte de ella se encuentran procesados por este motivo.
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De esta manera, el presidente ratifica lo dispuesto en la Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar y el Decreto N° 3083/15 que busca proteger a los niños, niñas y adolescentes de desarrollar la adicción a las apuestas (ludopatía), en concordancia con la tendencia de legislación de la región. Paraguay era el único que ejecuto este plan, a pesar de que ya lo intentó en 2011, revocó y reflotó en 2021.
La semana pasada, la presidenta interina de Conajzar, María Galván, dijo a ABC que recibió del Ejecutivo la ley sancionada y luego de analizar, se objetaron varios puntos. Ahora se debe destruir todos los tragamonedas que están en despensas, bares, bodegas y otros comercios que no sean exclusivos de juegos de azar, según se desprende de la ley aprobada.
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