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Un tribunal de sentencia presidido por Claudia Criscioni y compuesto las abogadas Yolanda Portillo y Yolanda Morel como titulares, y Elsa García como suplente, estableció que el juicio tendrá lugar entre el 1 y el 12 de agosto.
María José Pérez, fiscal de la causa, comentó que el Ministerio público está en condiciones de sostener la acusación sobre los hechos imputados a Mendoza y que se solicitará la pena que corresponde.
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El exintendente de San Antonio fue acusado por el Ministerio Público de supuesta lesión de confianza, alegando un daño patrimonial de más de 815 millones de guaraníes de recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
El proceso al exjefe comunal comenzó en octubre de 2016, cuando la fiscal María José Pérez presentó la imputación, pero mediante chicanas y recusaciones Mendoza logró dilatar la investigación hasta julio de 2020, cuando fue formalmente acusado por el Ministerio Público.
La Fiscalía encontró varias irregularidades en obras realizadas en instituciones educativas de San Antonio, y en la gestión del almuerzo escolar durante el primer periodo de mandato de Mendoza (2010-2015). La Junta Municipal de San Antonio rechazó todos los balances presentados por el intendente.
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Mendoza enfrenta además con una denuncia de supuesto enriquecimiento ilícito que también involucra a sus familiares cercanos.
Igualmente, el actual intendente de San Antonio, Santiago Aguilera (PLRA, Partido Liberal), presentó una denuncia penal contra su antecesor por supuestas sobrefacturaciones en varias obras.
Unas las obras que supuestamente sobrefacturadas es el Centro Cultural de San Antonio, al que el exintendente destinó más de 4 mil millones de guaraníes de recursos de royalties y según una auditoría realizada por la nueva administración se habría inflado ese monto de casi 2 mil millones de guaraníes.