Cargando...
La abogada Miryam Fernández, quien ejerce la defensa de los cinco camioneros por supuestamente extorsionar al ministro del Interior para no cerrar las rutas, luego de constituirse en retiradas ocasiones en la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) logró acceder al expediente fiscal.
Los imputados Ángel Zaracho, Roberto Almirón, Juan Friedelin, Julio César Solaeche y Vicente Medina, actualmente cumplen la medida cautelar de prisión preventiva en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, tras la resolución del juez penal de garantías Humberto Otazú.
La auxiliar de justicia indicó a ABC que la carpeta del Ministerio Público solo cuenta con la denuncia del ministro del Interior, Federico González, así como la fotocopia de los billetes mas no las evidencias, que son las que le interesan para comenzar a trabajar en la defensa de los cinco camioneros. Agregó que pidió la pericia de los celulares incautados “para que se sepa la verdad”.
Es por esta razón que Fernández insiste en poder contar también con las evidencias que los agentes fiscales Liliana Alcaraz, Francisco Cabrera y Silvio Corbeta dicen tener contra los incoados para probar el hecho de extorsión. Sin embargo, hasta el momento no tuvo una respuesta sobre ese pedido.
Fiscalía primero debe analizar elementos en conjunto
Los fiscales investigadores consideran que todos los elementos colectados hasta el momento, ratifican la existencia del hecho punible de extorsión, cometido supuestamente por los citados al solicitar primero US$ 1.000.000 al ministro González de modo de que no se produzcan cierres de ruta.
González había dicho que eso era imposible, por lo que los camioneros insistieron, pero bajaron el monto a US$ 350.000 y finalmente quedó en US$ 50.000, cuya entrega se efectuó de forma vigilada, tras la orden de Otazú, que también autorizó escuchas telefónicas a los procesados. Tras el pago, fueron detenidos los camioneros el pasado 13 de abril.
El fiscal Cabrera explicó sobre el caso que si bien es cierto, el material obtenido en la entrega vigilada tiene debe ser objeto de análisis y sopesar si existe justificación para que sea exhibido.
Añadió que todo lo obtenido “se tiene que valorizar, en forma armónica, con el resto de los elementos, la coyuntura social del momento, e incluso las manifestaciones que ellos venían haciendo en la prensa. Luego, ya conjuntamente con la grabación, sobre la cual en este caso estoy bastante seguro de que reúne los presupuestos del hecho punible”.