Tras varias dilaciones, diputados conforman comisión para intervención a Gobernación de Guairá

Tras postergar por varias semanas, finalmente la Cámara de Diputados designó a 11 integrantes de la Comisión Especial para el estudio del pedido de intervención a la Gobernación de Guairá, administrada por Juan Carlos Vera (ANR, cartista). Con esto empieza a regir el plazo de 15 días para emitir dictámenes sobre denuncias de presunto desvío de fondos COVID-19.

Juan Carlos Vera, gobernador de Guairá.
Juan Carlos Vera, gobernador de Guairá.

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Pese a que era un mero trámite, ya que la conformación de la comisión fue aprobada el pasado 6 de abril, la integración venía siendo frenada por los cartistas, que no designaban a sus representantes.

Denuncias de presuntas irregularidades en la Gobernación de Guairá, a cargo de Juan Carlos Vera (ANR, cartista).
Denuncias de presuntas irregularidades en la Gobernación de Guairá, a cargo de Juan Carlos Vera (ANR, cartista).

La Comisión quedó integrada finalmente por: Ángel Paniagua (ANR, oficialista), Cristina Villalba (ANR, HC), Walter Harms (ANR, HC), Esteban Samaniego (ANR, oficialista), Hugo Ramírez (ANR, oficialista), Avelino Dávalos (ANR, HC), Andrés Rojas Feris (PLRA), Antonio Buzarquis (PLRA), Rocío Vallejo (PPQ), Eusebio Alvarenga (PLRA) y Marcelo Salinas (PLRA) como suplente Eri Valdez (PLRA) y Basilio Bachi Núñez (ANR, HC).

Hubo cambios posteriores a la sesión, ya que inicialmente se mencionó a “Bachi” Núñez como titular, que finalmente pasó a suplente y en su reemplazo se designó a Harms. Durante la sesión tampoco se mocionó al llanista Marcelo Salinas, que fue integrado en una segunda versión de la resolución.

El pedido de intervención responde a una denuncia de la Junta departamental del Guairá sobre el presunto uso irregular por parte de Vera de unos US$ 2 millones que debían ser destinados a la reactivación económica durante la pandemia de COVID-19.

Además de esto, hay una investigación de la Fiscalía, así como la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) intervino la sede gobernamental ante la detección de presuntas facturas falsas en las rendiciones de gastos.

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