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Ayer, la jueza de San Lorenzo María Elena Cañete ratificó el arresto domiciliario para el gobernador Hugo Javier González Alegre, imputado por lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa, tras la presunta mala ejecución de G. 6.352 millones (US$ 1 millón) del fondo COVID-19, en cuya rendición aparecen facturas clonadas, facturas anuladas y otras anomalías.
El pasado martes 12 de abril, la magistrada otorgó dicha medida para el exanimador de fiestas, además de la prohibición de salir de país y de una caución de G. 1.500 millones. La jueza explicó que la decisión fue tomada ante el latente peligro de fuga, por la gravedad del caso y por el grado de participación del imputado.
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El procesado, quien inicialmente fijó domicilio en la ciudad de Fernando de la Mora tras la imposición de medidas, solicitó el cambio de domicilio y fijó residencia en un barrio cerrado que está ubicado en el distrito de Ypacaraí, bajo la excusa de cumplir con su “rol de padre responsable” y también para ejercer el cargo de gobernador.
Sin embargo, según la Ley de Gobiernos Departamentales, la actual ubicación del gobernador implica un impedimento para seguir ejerciendo el cargo, ya que la Gobernación debe ser administrada desde su sede, que debe estar asentada en la capital departamental, en este caso Areguá.
Entonces, ahora Fausto Luis Portillo, defensor del gobernador, solicitó nuevamente una revisión de medidas para cambio de domicilio y planteó que Hugo Javier se mude a la sede de la Gobernación para vivir allí y así cumplir con su arresto domiciliario y de paso trabajar.
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Días atrás la defensa solicitó al Juzgado “autorización para concurrir al lugar de trabajo de 07:00 a 15:00, sin que la medida cautelar se vea afectada”, al respecto, el abogado Portillo asegura que la jueza Cañete “entendió que dicha petición se trataba de una revisión de la medida cautelar y le dio dicho trámite (…) ratificando que se mantiene la medida ya decretada, sin pronunciarse sobre el pedido de autorización de concurrir a su lugar de trabajo”, dice parte del nuevo escrito presentado por el abogado al Juzgado.
Atendiendo al nuevo pedido de cambio de domicilio, Portillo se escuda en el artículo 53 del Código Procesal Penal que dice “el domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de una manera permanente para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones: a) los funcionarios públicos tienen su domicilio en el lugar en que ejerzan sus funciones, no siendo éstas temporarias o periódicas”.
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El abogado agrega en su escrito que por esta razón solicita que su representado “Hugo Javier González Alegre (…) cumpla con su medida en el domicilio que la ley establece como su domicilio legal, es decir, en el domicilio donde ejerce sus funciones”, la sede de la Gobernación de Central.
Desde el Juzgado de San Lorenzo, confirmaron que dicha solicitud efectivamente ingresó al sistema judicial y que se fijó revisión de medidas para el próximo viernes 22 de abril, a través de medios telemáticos.