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Representantes de diversos gremios de la producción emitieron un contundente comunicado en el cual apoyan la conocida como “ley Riera”, que pretende modificar el Código Penal para tipificar y sancionar con penas superiores a los 5 años a quienes cierran las rutas. Hicieron énfasis en que la libre circulación es un derecho constitucional y que la manifestación debe ser ejercida sin “avasallar los derechos”.
Además, afirmaron que los bloqueos de rutas ocasionaron pérdidas económicas a muchos rubros y que incluso ello derivó en que hayan aumentado los precios de los productos de la canasta básica.
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Pedro Galli, presidente de la Asociación Rural del Paraguay y de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), indicó que muchas veces este tipo de leyes logran un “efecto disuasivo” en la población y esperan que así sea.
“Con el pretexto de manifestarse o reclamar ciertos derechos estén avasallando derechos de los demás, derechos claramente establecidos en nuestras Carta Magna (...) Son medidas egoístas porque tratan de beneficiar solo a un sector, cuando todo el país está atravesando momentos difíciles por los efectos de la pandemia, los efectos climáticos y el conflicto bélico que ahora repercute en la suba del combustible”, manifestó Galli.
El titular de la ARP cuestionó que las instituciones no cumplan lo establecido en la Constitución y que por ello se tenga que recurrir a este tipo de “medidas extremas” como consecuencia de situaciones “extremas”.
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Leyes firmes para garantizar derechos básicos
En la conferencia, los gremios reiteraron la posición de cuestionar que los ciudadanos sean “rehenes permanentes” que viven “bajo amenaza de que hoy o mañana alguien interrumpirá el ejercicio a nuestro derecho a desplazarnos libremente por todo el territorio nacional”.
“Esta no es una discusión si los ciudadanos tienen o no derecho a protestar, como interesadamente algunos sectores lo plantean. Es una discusión en torno a si vamos a seguir permitiendo -ergo, si las instituciones del Estado van a seguir permitiendo- o no que un grupo de personas coaccionen al resto de los paraguayos, provocando peores crisis de las que ya tenemos”, enfatizaron.
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Calificaron de inaceptable que algunos sectores violen garantías constitucionales “El libre tránsito, así como todos los derechos y garantías constitucionales, no puede ser objeto de discusión alguna. Todos debemos respetarlo en igualdad de condiciones”, sentenciaron.
Así también, en el comunicado indican que se pretende instalar que cada reivindicación solo puede lograrse perjudicando a los demás y a través de la violencia incluso, “subestimando totalmente la capacidad que tenemos los paraguayos de dialogar y dirimir nuestras diferencias para construir una sociedad más justa”.