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Tras un extenso debate en la sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados analizó el proyecto ley que modifica varios artículos de la Ley 5033/2013 que reglamenta las declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos.
Tal y como se sospechaba, los diputados por mayoría se unieron para ratificarse en su versión, que pretende despenalizar las declaraciones juradas falsas. Básicamente, lo que aspiran es que los “olvidos involuntarios” de los funcionarios al no declarar ciertos bienes no tengan ninguna consecuencia. Además, los diputados están a favor de que se permitan las correcciones en cualquier momento y sin ninguna consecuencia ante la justicia.
En cambio, en la versión Senado, el proyecto pretende que si la rectificación se hace luego de que el funcionario fue pillado o se detecta que tuvo intención inicial de ocultar algún bien, la Fiscalía lo investigue.
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A muchos les conviene la falta de castigo
Muchos diputados “olvidadizos” están muy interesados en que se apruebe la posibilidad de que puedan hacer correcciones sin consecuencia alguna, pues así se evitará ser investigados por la Justicia por sus declaraciones falsas.
Si bien los diputados ahora se ratificaron en su versión por mayoría simple, el Senado al ser Cámara revisora es quien tiene la última palabra, y el que definirá si acepta y sanciona la despenalización por “amnesia”, o las castiga.
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Oposición no tuvo números
Si bien no lograron la mayoría, los opositores debatieron y pelearon para que se apruebe el proyecto que penaliza los olvidos en declaraciones juradas.
Los mayores artífices de la modificación que transformaron el proyecto original y le quitaron la penalización son los cartistas.
Luego de modificarlo lo pasaron al Senado, que se los volvió a enviar insistiendo en que se penalicen las declaraciones falsas. Ahora, la Cámara Baja vuelve a tirar la pelota al Senado, que tiene potestad en la decisión final.
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El proyecto de la discordia
El proyecto de ley que está en el ojo de la tormenta es el que modifica varios artículos de la Ley N° 5.033/2013, que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, de la declaración jurada de bienes y rentas de autoridades electas y funcionarios públicos.
El anteproyecto de ley fue presentado el 9 de septiembre del 2021 por el contralor general de la República, Camilo Benítez. Los diputados cartistas Basilio “Bachi” Núñez y Avelino Dávalos y Édgar Acosta (PLRA) se hicieron cargo del proyecto de ley.
Sin embargo, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Derlis Maidana (ANR, HC), se hicieron cambios sustanciales a la propuesta inicial, eliminando potenciales castigos a las declaraciones juradas falsas.
Si se logra, esta despenalización implicará abrir aún más las puertas y ventanas del país al lavado de dinero y otros delitos conexos.
Muchos tienen “amnesia”
Recordemos que en el marco del Operativo A Ultranza Py, se supo que el diputado Erico Galeano (ANR) “olvidó” incluir once cuentas bancarias y cinco inmuebles, en las manifestaciones hechas ante la Contraloría en 2018.
El debate en el plenario
Durante el debate, la diputada Kattya González (PEN) dijo que su bancada apostaba por la transparencia y “porque la impunidad del olvido no se consolide”.
Exigió que los servidores públicos tengan una pena en caso de olvidar bienes “que después están comprometidos en operativos como el de Ultranza”.
Por su parte, la diputada liberal Celeste Amarilla refirió que la declaración jurada dijo que puede haber olvidos reales en casos en que la gente tiene patrimonios extensos, pero eso se debe demostrar y no solo “decir que se olvidó, pues eso falta al valor del instrumento de la declaración jurada”. El dolo de no mencionar bienes adrede se debe castigar, puntualizó.
Por su parte, el diputado cartista Walter Harms se justificó diciendo que algunos lo acusan de no tener correspondencia en sus declaraciones juradas con respecto a lo que tiene, pero argumentó que esto es porque “los valores son subjetivos, y el precio de mercado puede no coincidir con el valor afectivo que él le da a su propiedad”.
Actuando con aparente ingenuidad, dijo que “no todos tenemos la capacidad de hacer una declaración jurada”, y que no es bueno “fusilarnos por haber cometido un error”.
Pidió ser equitativos y otorgar al funcionario la posibilidad de rectificar su declaración cuando lo crea conveniente, “y que esa rectificación en todo caso sea juzgada por los órganos contralores”.