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Ante el planteamiento de un grupo de senadores, encabezado por Enrique Riera, que busca modificar el artículo 216 del Código Penal sobre las “intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre” a fin de tipificar el cierre de rutas como un “crimen”, distintos sectores expresaron su rechazo o postura en contra. Entretanto, desde el punto de vista legal, el abogado José Casañas Levi dijo que tal modificación no tendría el resultado esperado.
Continuando, Casañas Levi dijo que sería más recomendable trabajar de forma preventiva y no represiva, con el acompañamiento de la Policía Nacional en las distintas manifestaciones, sin que estas lleguen a afectar o violar derechos de terceros, como sí ocurre cuando se cierran las rutas.
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“La Policía tiene todas las herramientas necesarias para hacerlo. Los lugares de manifestación se conocen o en caso de ser sorpresiva, se puede despejar si afecta a terceros”, puntualizó.
Asimismo, el abogado explicó que si esta ley es modificada, se necesitaría una autorización judicial para realizar un cierre en alguna calle, como por ejemplo se ve en algunos locales comerciales o pequeñas ferias de barrio.
Finalmente, el penalista consideró que al parecer el sistema judicial nacional es “despreciado”, pese a que desde su punto de vista está bien pensado, acompañado de una “buena” Constitución Nacional y también buenos derechos.
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