Cargando...
La defensa del gobernador cartista Hugo Javier González Alegre, representada por los abogados Andrés Casati, Arturo Daniel y Fausto Portillo, solicitó como medida alternativa al arresto domiciliario un “permiso para trabajar de 08:00 a 13:00″. Sin embargo, la magistrada María Elena Cañete decidió no hacer lugar al pedido y de esta manera reconfirmó la medida inicial, ante el latente peligro de fuga y por la gravedad del caso que se investiga.
Lea más: Gobernador intentó trabar reasignación de fondos para centros educativos
“El abogado Fausto Portillo en fecha 18 de abril de 2022 ha presentado a través del trámite electrónico el pedido de autorización judicial para concurrir al despacho, por lo que este Juzgado atendiendo al pedido de modificación de las medidas impuestas por providencia (…) convocó a audiencia por medios telemáticos”, dice el documento judicial.
Seguidamente, se describe la exposición de Fausto Portillo que dice: “Esta defensa técnica se ratifica íntegramente en el escrito presentado que obra en el portal correspondiente, a ello agregar que estamos ante la necesidad de derechos de rango constitucional, el derecho laboral por un lado y el ejercicio del mandato constitucional por el cual el mismo fue electo por el voto popular (…) Solicitamos a V.S que otorgue el permiso o la autorización correspondiente para que el señor Hugo Javier González pueda asistir a su despacho y a la sede de la Gobernación del Departamento Central, así como el cumplimiento de todas las actividades inherentes al cargo, por citar algunos la de participar en reuniones con ministros del Poder Ejecutivo. En el escrito se ha señalado un horario comprendido entre las 07:00 hasta las 15:00″, así se argumentó el pedido.
Por su parte, el defensor Andrés Casati sostuvo que “ya existen antecedentes de la concesión de este tipo de permisos por Juzgados penales especializados por citar algunos, en la causa donde se encuentra imputado el señor Justo Cárdenas”. También refutó la decisión de la jueza Cañete argumentando que la restricción de no acercarse a la sede departamental carece de sentido, ya que pasó mucho desde la imputación. En cuanto al peligro de fuga, negó que su defendido tenga dicha intención y que la mayor garantía al respecto, sea la promesa de que asistirá a su despacho de lunes a viernes en el horario establecido.
En representación del Ministerio Público, el fiscal Francisco Cabrera, señaló que las medidas otorgadas por la jueza María Elena Cañete están sujetas a lo reglamentado en el Código Procesal Penal y que de ninguna forma puede considerarse ilegal o inconstitucional, tal como la defensa desea instalar.
Finalmente, la magistrada con asiento en el Juzgado de San Lorenzo dictaminó en la fecha ante la pretensión de la defensa técnica “en cuanto a la aplicación de medidas sustitutivas al arresto domiciliario solicitado a favor de Hugo Javier González Alegre”, señaló que se tuvo en cuenta la gravedad del hecho y “el grado de participación que le atribuyen”, en la presente causa que el Ministerio Público investiga sobre el presunto daño patrimonial “y de alto valor mediante la utilización de fondos previstos para la reactivación económica en época de la crisis sanitaria debido al covid-19″.
“La jueza penal de garantías especializada en delitos económicos, María Elena Cañete, resuelve no hacer lugar a la aplicación de medidas sustitutivas al arresto domiciliario solicitada a favor de Hugo Javier González Alegre, en consecuencia mantener la medida cautelar (…) de fecha 12 de abril de 2022″, dice la disposición judicial.
Impedido para gobernar
Con esta medida judicial, según la Ley Nº 426/94 Carta Orgánica de Gobiernos Departamentales, el gobernador de Central, Hugo Javier González, cartista, está imposibilitado para seguir gobernando desde su encierro.
La defensa, incluso, solicitó el cambio de domicilio del administrador departamental, para que el mismo cumpla con la medida cautelar en su casa ubicada en el barrio cerrado Costa del Lago de Itauguá, con la intención que desde ahí, siga gobernando, además de cumplir “de forma responsable con su roll de padre”. Sin embargo, la ley dice que la administración de la Gobernación debe ejercerse desde la capital departamental, en este caso, desde Areguá.
También, la normativa señala que ante la ausencia del gobernador o de impedimento para gobernar, debe interinar en el cargo de forma inmediata, el presidente de la Junta Departamental. Sin embargo, el concejal Mario Aguilera (PLRA), titular del cuerpo legislativo, se desentiende, y hasta la fecha, desde el 12 de abril, no asumió al cargo y tampoco convocó a sesión extraordinaria para comunicar al pleno sobre la situación.
Aguilera, siempre fue leal al gobernador, incluso con su voto, lo había salvado de la inminente intervención.
El Ministerio Público investiga el supuesto despilfarro de G. 6.352 millones (US $1 millón) del fondo covid que el Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central para generar fuente de trabajo durante la pandemia. En la rendición de cuentas aparecen facturas clonadas además de otras graves irregularidades. El gobernador y otras 14 personas fueron imputados por la aparente comisión de los hechos de lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.