A un año de denuncia, sigue imparable deforestación de cordillera San Rafael

ENCARNACIÓN. La destrucción de la reserva forestal de la cordillera San Rafael, en Itapúa, crece a ritmo acelerado, pese a los reclamos y denuncias de organizaciones ambientalistas que ponen en evidencia los hechos. Hace un año, organizaciones ambientalistas denunciaron la invasión y deforestación de un área de cientos de hectáreas, pero el Estado nada hizo para detenerlas.

Mapa satelital captada en junio de 2021, donde se aprecia la masa vegetal existente al momento del ingreso de los ocupantes en la zona de reserva forestal del San Rafael.
Mapa satelital captado en junio de 2021 donde se aprecia la masa vegetal existente al momento del ingreso de los ocupantes en la zona de reserva forestal del San Rafael.Gentileza

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Organizaciones ambientalistas de nuestro país, entre ellas la entidad Pro Cordillera San Rafael, con asiento en Itapúa, denuncian la inacción del Gobierno ante la imparable destrucción de la reserva forestal de San Rafael, ubicada en el límite del departamento de Itapúa con Caazapá.

La degradación de la cordillera San Rafael sigue a ritmo acelerado, a pesar de ser un área silvestre protegida y el Estado paraguayo tiene el compromiso de preservarla, asumido durante la Cumbre de Río, de 1992, sostiene un comunicado dado a conocer por organizaciones ambientalistas de nuestro país nucleadas en el Comité Paraguayo de la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés).

Esta entidad está integrada a nivel nacional por la Fundación Moisés Bertoni, Guyrá Paraguay, IDEA, FAPI, PRO COSARA y tiene el acompañamiento de las organizaciones internacional WWF y WCS.

En abril del 2021, Procosara denunció la invasión y tala de bosques en la zona conocida como Santa Inés, en el límite con el departamento de Caazapa, pero a un año de aquello sigue la destrucción del recurso natural por inacción de las instituciones del Estado, según un comunicado dado a conocer días atrás aquí.

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La imagen captada en febrero de 2022 muestra que la deforestación avanza sin pausa, mientras desde los organismos del Estado se muestran incapaces de encontrar una solución que frene la devastación.
La imagen captada en febrero de 2022 muestra que la deforestación avanza sin pausa, mientras desde los organismos del Estado se muestran incapaces de encontrar una solución que frene la devastación.

A raíz de esa denuncia, el 16 junio de ese año, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable (Mades) encabezó una comitiva con agentes del Infona y la Policía Nacional que constató la presencia de un asentamiento con aproximadamente 20 familias que ingresaron al lugar. “Sin embargo, esta fue la única intervención realizada. Además, no se cuenta con información de seguimiento de este procedimiento”, denuncia la IUCN.

La invasión y destrucción de bosques se realiza en el interior de una propiedad de unas 3.000 hectáreas que perteneció a un empresario japonés, Hiroshi Shindoi, y que le fuera rematada por el Banco Nacional de Fomento (BNF). La entidad bancaria estatal, a su vez, vendió en remate a una empresa agroganadera -Don Felipe- pese a que se encontraba en un lugar de preservación forestal.

El sitio se encuentra en el límite entre los departamentos de Itapúa y Caazapá, cercano al distrito de Tavaí (Caazapá), desde donde provienen la mayoría de los ocupantes irregulares.

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Área de recarga de acuífero

La cordillera San Rafael guarda uno de los últimos vestigios del Bosque Atlántico (BAAPA) que antiguamente se extendía en una vasta zona que llegaba al océano Atlántico. Esta reserva forestal es el sitio del mayor número de especies de aves endémicas de esta parte de América, es lugar de vida ancestral de las comunidades indígenas guaraníes (tekoha guazu) y es área de recarga del acuífero guaraní, la tercera mayor reserva subterránea de agua dulce en el mundo, compartida por nuestro país, Argentina, Brasil y Uruguay.

La degradación del área ocurre a un ritmo acelerado, a pesar de ser un área silvestre protegida, compromiso del Estado paraguayo ante la Cumbre de Rio de 1992. Esto ocurre a pesar de estar en vigencia la Ley de Deforestación Cero y las autoridades siguen sin dar una consolidación legal efectiva, ya que la figura de “Reserva para Parque Nacional” es un estado transitorio que, por inacción y falta de desarrollo acciones efectivas, lleva 30 años en espera con la consecuente y evidente degradación ambiental, señala el comunicado de la IUCN.

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Los ambientalistas urgen la consolidación del lugar como parque nacional y con ello poner freno a la pérdida de biodiversidad que guarda esta área ambiental. “Instamos a las autoridades de aplicación a designar una comitiva para la verificación de la situación, y sobre todo, realizar el correspondiente acompañamiento a las denuncias realizadas”, refiere el documento.

Las denuncias de destrucción en la zona de reserva para parque se remontan a varios años y la impronta es la inacción de las autoridades nacionales para evitar el desastre ambiental provocada en este recurso natural.

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