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La diputada liberal Celeste Amarilla acudirá mañana a la comisión de Asuntos Constitucionales y ante la misma querellante, integrante de la comisión, para presentar su descargo por el pedido de desafuero. La legisladora fue querellada por difamación, calumnia e injuria tras mencionar supuestos vínculos del esposo de Villalba con el narcotráfico.
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En la Cámara de Diputados los cartistas quieren acelerar el trámite y desaforar a Amarilla, pero para ello deben reunir mayoría de dos tercios (53 de 80).
Tras la comunicación del juez Darío Javier Ferreira a la Cámara de Diputados, el abogado Jorge Vasconsellos, a través de su cuenta de twitter menciona que el pedido de desafuero debe ser devuelto al juez y que se le debe señalar que obró incorrectamente, que no corresponde formar causa contra un legislador por delitos de palabra o expresión.
“Si no procede así, serán víctimas de su propia decisión, en el futuro próximo, al tolerar mansamente que para el criterio de los integrantes del Poder Judicial, la norma constitucional paraguaya ha perdido vigencia. Es letra muerta”, afirma.
Menciona que la comunicación se formula con el propósito de que la Cámara proceda a examinar “…el mérito del sumario…” y resuelva si otorga o no el desafuero de una de sus integrantes.
Vasconsellos también considera que la comunicación refiere a la existencia de causa penal por hechos punibles de difamación, calumnia e injuria, es decir, por delitos de palabra o delitos de expresión, dejando en claro que el Juez que recibió dicha causa no leyó el texto completo del mismo Art. 191 que invoca.
Resalta que los congresistas gozan de inmunidad de palabra (además de arresto y proceso), fueros o privilegios, originados en Inglaterra, hace más de tres siglos, se adopta en Francia con el juramento de “vivir libres o morir”, y se incorpora al sistema constitucional de Estados Unidos.
Recuerda que en el Paraguay, se reconoció y otorgó inmunidad de palabra a los Congresistas desde la Constitución de 1870.
“Cuando un Juez imprime trámite a una acusación privada promovida en contra de un Legislador, pone en evidencia que no ha aplicado los filtros previstos en la Constitución, sea por falta de coraje para disponer su rechazo liminar, o por mero desconocimiento”, menciona.
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Amarilla fue querellada por Villalba, quien alegó que la parlamentaria liberal acusó a su esposo de ser dueño de cultivos de marihuana en propiedades arrendadas y que la trató de “protectora” de Vilmar Neneco Acosta, exintendente de Ypejhú, declarado culpable de haber ordenado el asesinato del periodista Pablo Medina.
