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El pasado martes, durante una sesión extraordinaria, la Junta Departamental aprobó la reasignación de G. 4.100 millones para los 16 centros educativos departamentales municipales y de esta forma se garantiza la educación de más de 2.000 jóvenes del departamento Central. El recurso se obtuvo del fondo inicial de caja cuyo presupuesto es de G. 28.000 millones.
Sin embargo, a pesar de la disponibilidad económica, el gobernador de Central, Hugo Javier González Alegre (colorado cartista), imputado y con arresto domiciliario por supuesta lesión de confianza, intentó trabar la reasignación del fondo para las instituciones educativas y solo quiso transferir la irrisoria suma de G. 1.500 millones.
Incluso, el Ejecutivo, remitió incompleto el expediente de reasignación de fondos ya que en el legajo ni siquiera figuraban los informes sobre el origen del dinero, de la disponibilidad y otros. Pero, luego de un cuarto intermedio y varias gestiones, la Junta Departamental, realizó algunas modificaciones en el plan original del gobernador Hugo Javier y el desembolso de G. 4.100 millones quedó aprobado.
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Ahora se espera, que el recurso sea transferido a los centros educativos para honrar los salarios atrasados de los docentes (de cuatro meses) y para solventar los gastos corrientes de cada institución.
La redistribución del fondo económico se logró debido a la presión de los estudiantes, docentes, directores y padres de familia, quienes llegaron semanas atrás realizaron una manifestación en el predio de la Gobernación. Los indignados expresaron que el primer obstáculo era la falta de voluntad política de la secretaría de Educación, Raquel Solaeche y del mismo gobernador Hugo Javier.
Los docentes lograron una mesa de diálogo y con ayuda del concejal liberal, Daniel Ferreira, opositor, obligaron a Hugo Javier a solicitar inmediatamente, al ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, vía llamada telefónica, autorizar la reasignación del dinero. Días después la cartera Estatal remitió la resolución que avalaba dicha transferencia.
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A finales del año pasado, la Cámara de Senadores, aprobó el recorte presupuestario para las organizaciones no gubernamentales (ONG) que eran beneficiadas con millonarias transferencias hechas por las gobernaciones y municipalidades a través del rubro 800, de transferencias. Pero, los parlamentarios no sabían que de este mismo rubro dependían los Centros Educativos. El recorte fue precisamente a raíz del despilfarro que involucra al gobernador Hugo Javier quien trató de justificar la ejecución de un millón de dólares con facturas clonadas.