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La ministra de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), abogada Teresa Rojas, confirmó ayer en conversación telefónica con Abc, que por razones de seguridad, dispuso el traslado de 22 vehículos incautados en el marco del operativo “A Ultranza Py”.
Como primera medida, se dispuso el traslado de tres automóviles Lamborghini y tres lanchas grandes durante el feriado a distintos depósitos de la capital. Mañana se dará continuidad al traslado.
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Rojas tomó la determinación tras el ataque ocurrido el viernes último en el local donde estaban albergados, un depósito ubicado en el barrio María Auxiliadora de Mariano Roque Alonso, en una calle sin salida, sobre Capitán Ojeda c/ Nanawa.
No lograron desactivar la alarma
En la ocasión, los invasores rompieron el candado, la cerradura, el portón grande y hasta cortaron los cables de la conexión, presumiblemente con la idea de desactivar la alarma.
Una vez en el interior del local, los desconocidos procedieron a rociar un líquido inflamable en una camioneta Mahindra, que fue posteriormente incendiada.
“El vehículo es de una empresa que no me acuerdo el nombre. El local tenía guardia policial, pero justamente en este momento no se encontraba ahí. Ellos intentaron cortar la conexión de la alarma pero no pudieron, la alarma funcionó y creo que probablemente por esta razón no hicieron nada más”, explicó la ministra.
El depósito contaba con un cartel que rezaba: “Propiedad privada administrada por Senabico” y es uno de los locales allanados durante los procedimientos realizados en el marco del operativo “A ultranza Py”.
El inmueble es propiedad del clan Insfrán, señalado como cabeza de un gigantesco esquema de narcotráfico y lavado de dinero y donde se encontraban vehículos de alta gama y yates que sumados costarían varios millones de dólares.
Entre los rodados se encuentran dos automóviles Ferrari, camionetas Chevrolet Silverado, Toyota Hilux y Kia del año, entre otros.
La ministra destacó que al lado del local donde se produjo el incendio está el Comando de Operaciones Internas, por lo que pensó que era un local seguro, pero no fue así.
Buscan testigos y evidencias
La investigación del incendio en el depósito está a cargo del fiscal Víctor Maldonado, quien trabaja en forma conjunta con agentes del departamento de Criminalística y de Investigaciones de Central.
Como primera medida, los intervinientes estudian las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, mientras esperan los resultados de las evidencias levantadas de la escena.
Si bien el depósito carecía de cámaras en su interior, si había dos en la entrada.
Asimismo, a nivel administrativo, la Policía Nacional abrió un sumario al suboficial ayudante Cristhian David Silva Brítez, de la comisaría 53ª del barrio San Miguel de San Lorenzo, quien fue enviado al sitio como refuerzo a la comisaría local, la 10ª de Mariano Roque Alonso.
El citado personal, cuyo sumario está a cargo de Justicia Policial, deberá explicar por qué no se encontraba de guardia en el depósito a cargo del Estado, en el momento en que se produjo el incendio.
Al mismo tiempo, varias brigadas de investigadores fueron enviadas a la zona en busca de imágenes de circuito cerrado instalados en las inmediaciones del local, que puedan ayudar a esclarecer lo ocurrido.
Vecinos de la zona también son contactados por los investigadores, en la búsqueda de eventuales testigos del ataque registrado el Viernes Santo.
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Aún queda gente por arrestar
En el marco del “Operativo A Ultranza Py”, que se puso en ejecución el 22 de febrero de este año, se logró hasta el momento la detención de 12 personas. La investigación sobre algunas de ellas se inició ya en 2019 por parte de organismos antidrogas y el Ministerio Público.
Sin embargo, todavía quedan 16 personas por ser arrestadas, entre ellas los señalados como líderes, el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera (30 años), alias Facilitador, y el paraguayo Miguel Ángel Insfrán Galeano (40), alias Tío Rico.
Dentro del grupo de personas que todavía queda por ser detenido están algunos familiares y secretarios, tanto de Marset como de Insfrán.
En cuanto a los ya apresados, figuran empresarios como Alberto Koube Ayala, que estaría involucrado en un esquema de lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas dirigido supuestamente por Marset e Insfrán.
Dentro de ese mismo esquema, aparecía el exdiputado Juan Carlos Ozorio, quien no aparece en el inicio de la investigación, pero fue detectado en el transcurso de la misma con el operativo en marcha. En la misma situación está el exdirigente del club Capiatá y actual diputado colorado Erico Galeano Segovia, cuyo nombre no figuró en el informe de inteligencia, pero también está siendo indagado por la Senad, la Fiscalía y otros organismos internacionales.