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El jueves de 7 de abril, el Tribunal de Sentencia de San Pedro presidido por el juez Agapito Núñez, e integrado por los jueces Karina Elizabeth Von Tumpling de Sosa y Guido César Marecos, resolvieron y rechazaron los incidentes planteados por el abogado Ulises Brítez, quien ejerce la defensa de César David Legal González y José Walberto Gaona Paredes, funcionarios del BNF.
A las 11:00 de este lunes último debió proseguir la audiencia pública y oral con la etapa de producción de pruebas, pero la defensa de Legal y Gaona, recusó al pleno del colegiado y amenazó al mismo y al fiscal Luis Piñánaez, con denunciarlos ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
En el marco de esta etapa debían prestar declaración testifical un total de 10 personas, que acudieron hasta el Palacio de Justicia de San Pedro del Ycuamandyyú, desde distintas localidades del departamento de San Pedro e incluso Asunción.
Ante esta situación y el rechazo de sus incidentes como precedente, Brítez apeló a la recusación del tribunal, interrumpiendo así la continuidad del juicio, pues las declaraciones de los testigos convocados podían comprometer la situación de sus defendidos, ya que fueron víctimas de las acciones de los bancarios.
Dicha recusación, previo informe elaborado por los miembros del colegiado, será elevada al Tribunal de Apelación de San Pedro y una vez que el órgano judicial resuelva el juicio podrá seguir. Esto deberá hacerlo dentro de los 10 días corridos, de lo contrario, será declarado nulo.
Fiscal cuestiona y pide sanción ante chicana
Consultado sobre la interrupción del juicio, el fiscal especializado en delitos económicos y anticorrupción, Luis Piñánez, respondió a ABC señalando que “fue lamentable la actuación de la defensa ejercida por el abogado Brítez, en la cual, en una evidente chicana judicial frustró que el juicio siga avanzando”.
En otro momento expresó “esta fue una medida desesperada que hizo el profesional para evitar que los testigos comprometan la situación de los acusados”.
Por otra parte, también subrayó “este es un problema grave del sistema judicial porque los profesionales recusan sin ninguna justificación con el ánimo de dilatar y la tranquilidad, porque independientemente a que ser rechace, cumplen su objetivo y no reciben sanciones por su actitud”.
Piñánez añadió que está preocupado, porque esta chicana retrasa la prosecución del juicio oral, por el plazo de prescripción del este proceso penal.
Supuesta estafa de funcionarios
Por esta causa fueron procesados los funcionarios del BNF César David Legal González y José Walberto Gaona Paredes, como autores, mientras que en calidad de cómplices Hugo Alexis Rodríguez García e Iván de Conto. Estos dos últimos fueron beneficiados con la suspensión condicional del procedimiento durante la audiencia preliminar.
De acuerdo con los antecedentes, entre 2011 y 2013, la sede del BNF de Santa Rosa del Aguaray otorgó créditos agroganaderos por valor de G. 3.790.240.000, a 72 personas que no cumplían los requisitos mínimos para acceder a esos préstamos.
En ese sentido, según la pesquisa fiscal los funcionarios del BNF en connivencia con terceros convencían a los solicitantes para que pidan créditos. Luego, falseaban los datos de los beneficiarios para que “cumplan” los requisitos y al momento de la aprobación y entrega del dinero, los beneficiarios recibían un monto menor al que figuraba en los papeles.
La Fiscalía señaló que mediante ese método, el los funcionarios se quedaba con una parte por “hacer la gestión”. Así, se señala que en uno de los casos, a nombre de Wagner Rodríguez Montero salió un préstamo del BNF por G. 80 millones, de los cuales, el grupo se quedó con G. 17 millones.
La pesquisa se inició a partir de una denuncia presentada por el abogado Guido Adilson Jara G., representante legal del BNF, después de que el mismo haya accedido a informaciones sobre una auditoría especial practicada a los ejercicios 2011, 2012 y 2013.