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En Cámara Baja tuvo entrada el informe sobre la Fiscalización Especial Inmediata (FEI) realizada por la Contraloría General de la República (CGR) sobre el uso de uno de los US$ 2 millones entregados a la Gobernación del Departamento de Guairá en concepto de fondos para la reactivación económica contra el covid-19.
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Dicho informe ratifica algunas de las presuntas irregularidades que forman parte del pedido de intervención realizado por la Junta Departamental guaireña. Sin embargo, aún no podrá ser estudiado ya que el cartismo sigue frenando la conformación de la Comisión Especial para analizar y dictaminar sobre la intervención.
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Si bien este informe es parcial, ya que falta analizar el segundo desembolso de otro millón de dólares (unos G. 6.382 millones), detalla por ejemplo obras deficientes, tanto de pozos artesianos y tanques de agua, como de estanques para piscicultura.
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Uno de los casos más llamativos es el del tanque de agua ubicado en la comunidad Santa Catalina de la ciudad de Independencia, el cual está inoperativo, pese a que se pagaron G. 212 millones a la Comisión de Fomento y Desarrollo Santa Catalina para su elaboración.
Funcionarios de la Contraloría constaron que la central de distribución de agua no cuenta con energía eléctrica y la bajada de agua termina en la base del tanque, sin que haya ninguna red de distribución para los vecinos.
Además se cuestionan los desembolsos de varios millones de guaraníes pese a falencias administrativas, entre ellas, la entrega de unos G. 749 millones del primer millón de dólares a una oenegé presidida por su subordinado en la gobernación, Carlos Augusto Ramos, responsable de Comisión Directiva del Consejo de Emergencia Departamental.
También se detalla el pago de G. 200 millones para la construcción de muros de contención para viviendas de Senavitat (actual MUVH) en Paso Yobái. Sin embargo, en la visita in situ, la mayoría de las viviendas no contaban con dichos muros, y las que sí poseían, afirman que fueron construidas por los propietarios y no en el marco del proyecto de la gobernación.
Además de este informe de Contraloría, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) también emitió un dictamen detallando otras presuntas irregularidades referentes al mismo fondo.
Siguen dilatando
Hace dos semanas se viene dilatando la conformación plena de la Comisión Especial para el estudio del pedido de intervención a la gobernación guaireña, ya que los cartistas se niegan a designar a sus representantes.
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El presidente de la Cámara Baja, Pedro Alliana (ANR, HC), afirmó que supuestamente el próximo miércoles volverán a incluir en el orden del día la designación de los miembros, pese a que solamente los cartistas tienen pendiente este trámite.
Alliana alega la existencia de una supuesta controversia sobre la cantidad de miembros, pese a que a pedido de ellos mismos se estableció que la comisión contaría con 11 integrantes. Según dicen, a HC le corresponde poseer 4 miembros, dejando sin lugar en la comisión al llanismo, facción del PLRA muy afín al cartismo.
Debe dictaminar en quince días
Una vez integrada plenamente la Comisión Especial, corre el plazo de 15 días para dictaminar a favor o en contra de la intervención, tal cual el caso del gobernado de Central Hugo Javier González (ANR, HC).
A diferencia del salvataje al Nº 2 a manos de colorados oficialistas y cartistas, en el caso de Vera, a priori sus correligionarios se muestran divididos.