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En pleno año electoral, y mientras la población sigue sobrellevando los efectos de la pandemia, el Congreso analizará la millonaria indemnización a los exobreros, familiares y herederos de la binacional. Esto se daría por acuerdo del Ejecutivo, el Legislativo e Itaipú.
Los pagos se llevarían adelante luego de que en el 2017 la Corte Suprema de Justicia resolviese rechazar in límine la acción planteada por unos 160 exobreros de empresas contratistas. Los mismos pretendían cobrar la suma de G. 54.483 millones.
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El estudio fue solicitado por los proyectistas Enrique Riera (ANR, cartista); Salyn Buzarquis (PLRA) y Abel González (PLRA), en la última sesión de la Cámara Alta, del jueves pasado.
El principal argumento es que la Itaipú Binacional ya desembolsó US$ 350 millones, para el pago retroactivo de 19 años, por beneficios no cobrados, pero solo para trabajadores del Brasil.
Los parlamentarios también alegan que aunque se diga que los derechos ya prescribieron, los derechos humanos son imprescriptibles.
Ante las críticas, que todos los paraguayos ahora deben pagar por los delitos de empresas privadas, señalaron que lo mismo ocurrió cuando una ley ordenó indemnizar a las víctimas de la dictadura.
Salyn Buzarquis dijo que se trata de una reivindicación histórica, tras más de 30 años de espera en una causa justa.
Abel González sostuvo que el pedido corresponde, porque a los obreros del lado brasileño sí se les pagó y esto rompe el principio de isonomía, es decir, la igualdad de condiciones.
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Por su parte, Riera señaló que esta es la culminación de años de reuniones entre el Poder Ejecutivo, el Congreso, Itaipú e incluso el IPS para llegar a un acuerdo.
Recordó que se hizo un censo para identificar a los exobreros y a sus herederos. Comentó que se tuvo en cuenta cada caso, al exobrero que más cobraría, que se llevaría G. 300 millones, y al que menos cobraría, que se llevaría G. 150 millones.
