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El Poder Ejecutivo promulgó el 8 de abril pasado la Ley que crea la Comisión Nacional para el Estudio de Mecanismos de Recuperación de las Tierras Malhabidas identificadas en el informe final de la Comisión Verdad y Justicia (publicado en agosto del 2008).
La integran representantes de los tres poderes del Estado. La comisión será presidida por un representante del Senado. El relator será el representantes de la Procuraduría General de la República.
La comisión dependerá presupuestaria y administrativamente del Senado.
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Sus atribuciones, serán: 1. Revisar toda la documentación de las tierras identificadas en el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia del 2008, para la cual podrá solicitar informes u opiniones de personas y entidades públicas o privadas, a fin de producir sus dictámenes o de facilitar el ejercicio de las demás facultades que corresponden al Congreso y lo que dispone el artículo 186 de la Constitución Nacional.
2. Establecer e implementar mecanismos de participación social del movimiento campesino, de movimientos de lucha por la tierra y la vivienda digna en el ámbito urbano, de organizaciones de derechos humanos, de universidades y de otros sectores sociales comprometidos con la plena garantía de los derechos humanos en el país, para la definición de los mecanismos legales que permitan la recuperación de las tierras mal habidas, en concordancia con lo establecido en la Constitución Nacional.
La comisión presentará su informe final y las propuestas legislativas par la recuperación de las tierras mal habidas en un plazo de 1 año. El proyecto de ley fue aprobado por el Senado el 23 de setiembre del 2021 y sancionado por Diputados el 22 de marzo pasado.
Según el informe de Verdad y Justicia, la dictadura del Gral. Alfredo Stroessner (1954-1989) adjudicó un total de 4.241 lotes correspondientes a 3.336 adjudicatarios, que totalizan 7.851.295 hectáreas, que han sido entregadas con graves irregularidades respecto a la legislación agraria.
Refiere que dichas tierras destinadas a “campesinos pobres” fueron a parar al propio dictador, su familia, ministros, militares, políticos y empresarios amigos.