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El juez Otazú justificó esta circunstancia que “se da en atención a precautelar la salud y los protocolos sanitarios vigentes. Transcurrido este plazo, los encausados serán remitidos a institutos penales, y ellos derivarán al lugar donde pasarán a guardar reclusión”.
Según expresó, su decisión se dio “con base al artículo 242, inciso 3º que nos remite a ver si se da el peligro de fuga o el peligro de obstrucción. Entendemos que el peligro de fuga sí esta vigente, en atención a la pena que pueda ser impuesta”.
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Y a renglón seguido comentó, “también al considerar los hechos que son expuestos en el acta de imputación, estamos hablando de una extorsión, nada más y nada menos, contra uno de los poderes del Estado”.
El juez consideró que “en este momento inicial del procedimiento resulta pertinente decretar la prisión de los mismos”.
Adujo que existe “el peligro de fuga y la consideración de que la víctima, que en este caso es el Poder Ejecutivo, a través de una subsecretaría.
Prisión preventiva para los cinco camioneros
El letrado también dijo que “la prisión preventiva es para las cinco personas por los hechos expuestos, aunque en el acta de imputación se hace mención que solo una de las personas recepcionó el dinero”.
“Posteriormente, presume el Ministerio Público, que esa persona fuera a reunirse con sus compañeros que estaban a una cuadra aguardando”, sostuvo.
La extorsión tiene una pena privativa de libertad máxima de hasta cinco años o multa.
En cuanto a los privados de libertad indicó que “ellos se abstuvieron de declarar; los colegas en ejercicio de la defensa han expuesto su argumentación. Pero consideramos que en este momento es prudente que estén en prisión preventiva, en libre comunicación y a disposición del juzgado”.
Los audios paralelos
Los audios paralelos que ellos dicen que grabaron es una circunstancia que se debe debatir dentro de la Fiscalía, observó Otazú. “Los colegas de la defensa deberán hacer sus planteamientos ante el Ministerio Público”, subrayó.
También compartió que “las partes tienen acceso a todo lo que obra en la carpeta fiscal y en el expediente. Tienen todo el derecho de tomar conocimiento de las circunstancias para ejercer la defensa”.
Las pruebas quedan a cargo del Ministerio Público porque la investigación recién empieza y va a seguir colectando mayores evidencias.
Después de los 10 días
Los encausados continuarán en la Agrupación Especializada. “Aún seguimos en pandemia, por los protocolos vigentes para proteger a estas personas y para monitorear la salud”, volvió a exponer.
Y, finalmente, dijo que luego serán remitidos a Institutos Penales.
Los antecedentes del caso dan cuenta de que el ministro del interior Federico González denunció ante el Ministerio Público que cinco líderes camioneros solicitaron supuestamente US$ 50.000 a cambio de no aplicar bloqueos a rutas.
Tras un operativo fiscal policial con una entrega vigilada del monto solicitado fueron detenidos los cinco involucrados.