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En conferencia de prensa, Juan Villalba, titular de la Central Obrera y de Transporte del Paraguay, sintió vergüenza por lo ocurrido y pidió disculpas a la ciudadanía. Expresó que ellos no son fiscales ni juez, por lo que insta a que sean las autoridades competentes, las que determinen si sus colegas, son inocentes o culpables. Esto, en relación a la detención de varios dirigentes.
Deslindan responsabilidad
“Deslidamos responsabilidad, ellos siempre hablan con autoridades y a nosotros no nos invitan”, dijo Villalba a metros del peaje de Ypacaraí.
Acusó a los diputados de vendidos. “Nosotros no vamos a retroceder, estamos más fuertes que nunca”, aseguró. Según cree, los que “cayeron” son amigos del gobierno.
Sobre la ley derogada, piensan igual que los detenidos, que la petrolera estatal, debió seguir comprando directamente el combustible, sin intermediarios. Esto para que los hidrocarburos no tengan un valor de venta final muy elevado.
Confirmaron una posible reunión en Caacupé para este sábado. De ese encuentro, es muy probable que se decida hacer una gran movilización con sus camiones, desde el lunes 18 de abril. Advierten que volverá a ser a nivel país y en varias rutas.
Líderes camioneros ya están en la fiscalía
Luego de ordenarse la detención de los cinco procesados por el supuesto hecho de coima, los mismos llegaron a la sede del Ministerio Público, para una declaración indagatoria. A su llegada, uno de los sospechosos, Ángel Zaracho, manifestó que es importante este procedimiento, para que la Fiscalía sepa la verdad de las cosas.
La fiscala Liliana Alcaraz, quien forma parte de la investigación, detalló que en principio los camioneros pidieron U$S 1 millón para el cesar la realización de cierres de ruta como medida de protesta. Se habría negociado con el Ministerio del Interior el pago de US$ 300.000, de los cuáles unos 50.000 dólares fueron entregados a Zaracho como primera cuota. Esto se dio a conocer tras el operativo entre el Ministerio del Interior (que hizo la denuncia), y los agentes fiscales.
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Alcaraz adelantó que la imputación sería por supuesta extorsión, cuya expectativa de cárcel es de hasta 5 años.
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