Cargando...
La magistrada María Elena Cañete ordenó ayer, martes, el arresto domiciliario del gobernador de Central, Hugo Javier González, y la prohibición de acercarse a la institución departamental y conversar con funcionarios, tras la audiencia de imposición de medidas en el marco de la investigación del despilfarro de un millón de dólares de un fondo de emergencia sanitaria por COVID-19. También se impuso una caución de G. 1.700 millones.
En conversación con ABC Cardinal, el concejal de la Junta de Central Daniel Ferreira indicó que la prohibición de acercamiento a la institución y a funcionarios contra Hugo Javier deja a la Gobernación acéfala; es decir, sin un administrador departamental.
“El artículo 13 de la Ley Orgánica es claro: tiene un impedimento legal. Tiene una restricción de acercamiento a la Gobernación y las personas que forman parte del Ejecutivo. Al existir ese impedimento, hay una acefalía que se puede interpretar como un impedimento en la gestión de Hugo Javier”, sostuvo.
Lea más: Jueza confirma imputación del gobernador Hugo Javier en caso facturas clonadas
Plazo de 15 días
Afirmó que, de acuerdo a la carta orgánica departamental, al producirse una acefalía o impedimento para que el gobernador elector ejerza sus funciones, debe asumir de forma interina el presidente de la Junta, en este caso, el liberal Mario Aguilera.
Ferreira, asimismo, aclaró que el interinato se debe establecer en primera instancia por 15 días. Mencionó que Hugo Javier tiene dicho plazo para revertir los impedimentos legales que no le permiten ejercer el cargo y agregó que, caso contrario, se deberá elegir en la Junta a un reemplazante para que concluya este período como gobernador interino.
”La Gobernación no puede quedar sin cabeza. Él debe asumir la administración hasta que se pueda zanjar el primer paso, que es de 15 días”, declaró.
Lea más: Un liberal asumiría Gobernación de Central tras orden de arresto de Hugo Javier
El gobernador de Central y otras 14 personas están siendo investigados por los presuntos delitos de lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa. En la rendición de cuentas de dicho fondo -presuntamente despilfarrado- aparecen facturas clonadas y otras numerosas anomalías.