Los cinco dirigentes camioneros que fueron detenidos este miércoles bajo sospecha de haber intentado extorsionar al Gobierno, supuestamente exigiendo un pago en dinero para no cerrar rutas con manifestaciones, se abstuvieron hoy de prestar declaración indagatoria ante el Ministerio Público.

Ángel Zaracho, presidente de la Federación de Camioneros del Paraguay y habitual portavoz de los transportistas en sus negociaciones con el Gobierno; y los también dirigentes gremiales Roberto Almirón, Juan Friedelin, Julio César Solaeche y Vicente Medina, fueron detenidos hoy en Asunción luego de que Zaracho recibiera 50.000 dólares en efectivo de parte del ministro del Interior, Federico González.

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Según la Fiscalía, los dirigentes, en un primer momento, exigieron al Gobierno el pago de 1.000.000 USD para cesar la realización de cierres de ruta como medida de protesta. Se habría negociado con el Ministerio del Interior el pago de 300.000 dólares, de los cuáles unos 50.000 dólares fueron entregados a Zaracho como primera cuota.

A su salida de la sede de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público, Zaracho hizo breves declaraciones ante los medios de comunicación, afirmando que él y sus colegas aprehendidos son inocentes.

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“Vamos a demostrar nuestra inocencia”, afirmó, agregando que “nuestras declaraciones se van a dar dentro del ámbito de la investigación” y pidiendo “que se respete el debido proceso”.

“No todo lo que parece es”, agregó, afirmando tener pruebas de su inocencia y la de sus compañeros detenidos.

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La fiscal Liliana Alcaraz, una de las agentes del Ministerio Público asignadas al caso, comentó que los detenidos se exponen a hasta cinco años de prisión por el supuesto delito de extorsión.