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A cinco meses de la imputación -que tuvo lugar el 1 de noviembre de 2021-, ocasión en la que fueron procesados el gobernador del departamento Central, Hugo Javier González (ANR, Partido Colorado) y otras 14 personas, este martes se realizó la audiencia de imposición de medidas en el Juzgado de San Lorenzo.
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La magistrada María Elena Cañete ordenó el arresto domiciliario del administrador departamental e impuso una caución de 1.700 millones de guaraníes en el marco de la investigación del despilfarro de un millón de dólares (6.382 millones de guaraníes) de un fondo de emergencia sanitaria por covid-19, en cuya rendición de cuentas aparecen facturas clonadas y numerosas otras anomalías.
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Inmediatamente después de la imputación, los abogados del gobernador - Andrés Casati, Arturo Daniel y Fausto Portillo - plantearon varias chicanas para retrasar el proceso penal y evitar que González sea apartado de su cargo.
Los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera, Luis Said y Diego Arzamendia, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, solicitaron que ninguno de los procesados vuelva a ingresar a la Gobernación de Central o tener comunicación con algún funcionario.
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Los hechos investigados por los agentes son lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa en relación a la ejecución de un millón de dólares que el Poder Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central en diciembre de 2020 para generar fuentes de trabajo durante la pandemia de covid-19.
La defensa de Hugo Javier González solicitó a la jueza Cañete que no se imponga al gobernador la prohibición de ingresar a la Gonbernación, argumentando que luego de cinco meses de la imputación esa medida carece de sentido porque su cliente y no podría adulterar documentos o interferir de otra forma con la investigación.
“Nos hemos allanado al requerimiento del Ministerio Público en el sentido que el propio Ministerio Público solicitó al Juzgado se aplique medidas sustitutivas a la prisión, hemos justificado al arraigo, hemos justificado la inexistencia del peligro de fuga, también hemos justificado la imposibilidad de la obstrucción de la investigación porque ya no se puede alterar pruebas, entonces luego de cinco meses de la investigación ya no existe esa posibilidad. Pedimos que como cualquier otro ciudadano pueda litigar en libertad”, dijo el abogado Fausto Portillo.
Pero la jueza Cañete decidió ordenar el arresto domiciliario para el gobernador como medida cautelar debido a la existencia del peligro de fuga.
“Esa es la medida que este Juzgado consideró prudente atendiendo a la gravedad del hecho. El Ministerio Público alega que existe un perjuicio de 5.105 millones de guaraníes, entonces ofrece una fianza de 1.700 millones y trabamos embargo y le damos este arresto que es de cumplimiento inmediato. Tenemos dos presupuestos que analizar en este momento, el peligro de fuga y obstrucción. En la audiencia vinieron los fiscales quienes manifestaron que ya no existe el peligro de obstrucción, entonces al Juzgado le queda analizar nada más que el peligro de fuga y el arresto domiciliario es el que permite prever ese peligro de fuga”, dijo la jueza Cañete.
Los fiscales manifestaron en la audiencia de hoy que aplicar la medida cautelar solicitada en noviembre pasado de prohibir el ingreso de González a la Gobernación ahora carece de sentido por el tiempo transcurrido. Los agentes dijeron que la solicitud hecha hace cinco meses era de carácter urgente para precautelar los interés de la Gobernación.
El fiscal Rodrigo Estigarribia, dijo que se pidió al Juzgado que prohíba a González salir del país y que le ordene acudir de forma trimestral ante el Juzgado.
Antecedentes del caso
Un millón de dólares del dinero público fueron gastados en su totalidad, pero en la rendición de cuentas aparecen facturas presuntamente clonadas y otras anuladas, además de empresas y proveedores independientes “fantasma”, comprobantes con fecha anterior al desembolso del fondo de emergencia y un gran número de otras irregularidades.
Hugo Javier González transfirió millonarios montos a dos organizaciones no gubernamentales.
La fundación Centro Integral de Apoyo Profesional, presidida por Tadeo Andrés Álvarez - imputado y con arresto domiciliario, recibió 5.105 millones de guaraníes para la supuesta ejecución de dos proyectos denominados “Construcción y mantenimiento de espacios públicos en el departamento Central” y “Pavimentación asfáltica empedrada en el departamento Central”.
La primera irregularidad vinculada al Centro Integral de Apoyo Profesional es que según su estatuto social, la entidad no está habilitada para realizar obras de construcción y mejoras en espacios públicos, sino que se dedica a la formación de personas en disciplinas como deportes. La fundación recibe fondos de la institución departamental desde 2019.
Álvarez, en su rendición de cuentas, presentó varias facturas aparentemente clonadas o anuladas.
También intentó justificar el uso de los 5.105 millones de guaraníes asegurando que el asfaltado del acceso al Consejo Regional de Salud y Parque Sanitario de Central fue obra suya. Sin embargo, el pavimento ya existía desde octubre de 2020, antes de la promulgación de la ley de emergencia sanitaria de covid-19 y la transferencia de los fondos de emergencia a la Gobernación de Central.
Por otro lado, el Consejo Regional de Salud, representado por el doctor Hugo Cabrera, recibió 1.276 millones de guaraníes para la ejecución de un proyecto llamado “Mantenimiento y refaccionamiento de entidades primarias de salud del departamento Central”. Esta organización no está reconocida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, según la Dirección de Descentralización de la cartera estatal.
En su rendición de cuentas aparece una dudosa factura aparentemente emitida desde un taller mecánico, por un valor de 593 millones de guaraníes. Según Cabrera, del taller fueron comprados mobiliarios hospitalarios, algo que los trabajadores del taller niegan.
La Secretaría Nacional de Anticorrupción, Auditoría General del Poder Ejecutivo, la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Contraloría General de la República confirmaron estas y otras anomalías.
Los concejales departamentales liberales Roque Jacinto Ávalos y Adrián Billy Vaesken fueron quienes inicialmente denunciaron la presunta clonación de facturas. Posteriormente, una investigación periodística confirmó este y otros hechos.
¿Quién es Hugo Javier?
Hugo Javier González Alegre (55 años) es oriundo de la ciudad de Fernando de la Mora. Estudió periodismo en la Universidad Nacional de Asunción y por más de treinta años trabajó como locutor de radio, productor y conductor de televisión, y animador de fiestas.
En 2018 asumió como gobernador del departamento Central, convirtiéndose en el primer administrador departamental colorado de Central desde 1989.
González es miembro del movimiento Honor Colorado de la ANR, cuyo líder es el expresidente Horacio Cartes.