Se estima que el costo sólo en el rubro de combustible será de casi US$ 46 millones al año, es decir G. 324.000 millones anuales que serán íntegramente solventados con dinero público.

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Sólo para este año el Congreso presupuestó G. 4.443.800.000, de los cuales la Cámara de Diputados presupuestó G. 3.960 millones, única Cámara que asigna a sus diputados el cupo de combustible de G. 3.500.000 mensuales, mientras que el Senado cuenta con G. 400 millones y otros G. 83.800.000 que sirven para el funcionamiento que es administrado por el titular del Congreso.

Pedro Alliana dijo a ABC Color que los 24 diputados que integran el bloque de Honor Colorado se mantienen en renunciar a los cupos de combustibles de G. 3.500.000 mensuales, que implicará un ahorro de G. 84 millones.

Renuncia sin ahorro significativo

Sin embargo, el ahorro no sería significativo, ya que ayer ante el plenario con los votos de los legisladores dieron una mano para que el despilfarro del dinero prosiga al restituir a las autoridades y funcionarios de los Poderes del Estado el seguir contando con el privilegio.

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Precisamente, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Tadeo Rojas (ANR, HC), como vocero del órgano asesor planteó las modificaciones al proyecto de ley que elimina el subsidio de Petropar y fue ampliamente respaldado por el grupo de diputados cartistas, pese a que, minutos antes, el diputado Miguel del Puerto (ANR, HC) había planteado mantener la prohibición para recibir cupos de combustible. El diputado Hugo Ramírez (ANR, oficialista) abiertamente se opuso al recorte del beneficio.

De esta manera sigue el festín en las instituciones públicas y nuevamente percibirán sus cupos de combustibles.

¿Racionalización?

Los diputados, quienes restituyeron los cupos con el aval de los senadores, mantienen esta norma: “Medidas de racionalización del gasto público”, que establecía que quedan prohibidos “la asignación, descuento, exoneración y entrega de combustible, tarjetas personales o de cupos de combustibles a las autoridades y funcionarios de los Poderes del Estado y de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), incluyendo las empresas públicas y aquellas de economía mixta, las Sociedades Anónimas con participación Accionaría Mayoritaria del Estado y las municipalidades”.