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Con una miserable e indolente actitud ante la difícil situación que se vive en el país con la suba sostenida del precio de los combustibles y todo lo que ello implica, una mayoría en disputados aprobó derogar también el artículo 5º de la Ley 6900/2022, que cortaba de manera “permanente” la posibilidad de repartir cupo de combustibles en varias instituciones.
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Al sancionarse la ley que elimina el subsidio de combustibles de Petropar en el Senado, implícitamente también aprobaron la restitución de ese beneficio.
En Cámara Alta, al ser el tratamiento, ya no podía modificar, sino simplemente optar por su proyecto inicial o allanarse a la versión de Diputados.
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El mencionado artículo que establece “medidas de racionalización del gasto público” establecía que queda prohibida “la asignación, descuento, exoneración y entrega de combustible, tarjetas personales o de cupos de combustibles a las autoridades y funcionarios de los Poderes del Estado y de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), incluyendo las empresas públicas y aquellas de economía mixta, las Sociedades Anónimas con participación Accionaría Mayoritaria del Estado y las municipalidades”.
Si bien el diputado Miguel Del Puerto (ANR, cartista) propuso mantener la restricción vigente, ni siquiera fue secundado por correligionarios y compañeros de bancada.
La diputada Kattya González (PEN) respaldo junto a algunos opositores el pedido de mantener la eliminación del privilegio, pero perdieron por amplia mayoría.
La legisladora del Partido Encuentro Nacional (PEN) recordó que para estos beneficios hay G. 324.000 millones (US$ 45.911.047) presupuestados este año.
Solamente en Diputados, cada legislador le cuesta al Estado G. 3.500.000 al mes, lo en total representa un gasto de G. 4.443 millones al año. Esto sin tener en cuenta su jugoso salario y otros beneficios, los cuales siguieron cobrando puntualmente incluso en la etapa más crítica de la pandemia.
Un ínfimo número de legisladores, al no poder devolver el dinero que ya está presupuestado, optan por donarlos a otras instituciones como el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay o a alguna comisaría.
Alliana dice estar obligado a entregar
Luego de la eliminación de la restricción al beneficio en Cámara Baja, el presidente de Diputados, Pedro Alliana (ANR), dijo que una vez que la medida quede firme, está obligado a volver a entregar el cupo de combustibles a sus colegas.
“Yo tengo al final de cuentas entregar eso el día de mañana, es una decisión del pleno, cada uno es responsable si quiere recibir o si no..., pero a mí me obliga esto a entregar”, afirmó al ser consultado sobre la restitución del privilegio.
A raíz de esta decisión, hay que ver si queda firme la postura de la bancada de Honor Colorado, que el pasado 24 de marzo anunció que sus entonces 25 integrantes renunciarían a su cupo de combustible.
La decisión está en duda, puesto que el diputado y miembro de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, Tadeo Rojas (ANR, cartista), fue uno los que argumentó a favor de recuperar los cupos.
Previo a la eliminación de los cupos de combustible, únicamente los diputados de Patria Querida, Rocío Vallejo, Sebastián Villarejo y Sebastián García, habían renunciado a utilizarlos.
Igual postura asumieron las dos legisladora del Partido Encuentro Nacional; Kattya González y Norma Camacho, que entregan sus combustibles, y el diputado liberal Édgar Acosta, que entregan sus cupos mensualmente a bomberos o policías del departamento Central.
Otra duda está sobre la actitud que asumirán los 19 colorados oficialistas, incluida la reciente adhesión del excartista Roque Sarubbi, aunque por las posturas expresadas ante el pleno, es probable que acepten sin sonrojarse los cupos.
De hecho, el diputado Hugo Ramírez (ANR, oficialista) fue el que se negó a allanarse al pedido de mantener el recorte y finalmente fue su moción la que se aprobó por amplia mayoría.
Plantean “inhibición” por choque de intereses
Legisladores opositores cuestionaron que varios de sus colegas sean jueces y parte en temas como el subsidio a combustibles y plantearon la necesidad de plantear al menos la inhibición de los mismos a la hora de votar.
“Hay que ir analizando estos conflictos de intereses y al entrar a la política, hay que entrar con ganas de que mejore la calidad de vida de la gente, y no que con tu gestión, que traficando influencias, mejore la calidad de tus familiares y más cercanos, eso es algo que sigue ocurriendo y hay que señalar con mucha fuerza y ojalá no ocurra más”, cuestionó el diputado Édgar Acosta (PLRA).
El mismo hizo alusión no solo a los casos más recientes de políticos que tienen estaciones de servicio con el emblema Petropar y que recibían subsidios, sino también a los que ejercen la abogacía.
“Yo critico desde el año pasado a los abogados matriculados que son además legisladores, y que después salen a ejercer su actividad profesional”, dijo y recordó el caso reciente del concejal de Mariano Roque Alonso, Julián Vega (ANR, cartista), ligado en audios a una presunta red de narcotráfico y que se justificó diciendo que su relación con los presuntos delincuentes era por su profesión de abogado.
“Cuantos legisladores tienen acá conflictos de intereses, son en realidad unos deshonestos, nadie puede votar si tiene estaciones de servicio”, reprochó por su parte la diputada Kattya González (PEN), que además planteó que a futuro se inhiban sus colegas que tengan intereses en un tema en particular.
González dijo que se podría plantear que “aquellas personas que tienen estaciones de servicio y por ende conflictos de intereses, salgan del plenario, porque no pueden votar”.
“Los que tienen emblemas en el sector privado, ellos o sus parientes, hasta el segundo grado de afinidad o cuarto grado de consanguinidad no pueden votar esta”, insistió la legisladora.