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El Tribunal de Sentencia que es presidido por Lourdes Peña y está integrado por Manuel Aguirre y Blanca Gorostiaga, emitirá hoy su veredicto en el juicio oral y público que afrontan diez acusados de supuesta lesión de confianza y estafa al Estado, entre ellos funcionarios del Instituto de Desarrollo Rural y la Tierra (Indert) y líderes de grupos campesinos. Para la Fiscalía, el perjuicio fue de casi G. 4.000 millones para el Estado.
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El juicio oral prosigue a las 8:00 con las réplicas del fiscal Leonardi Guerrero y las dúplicas de las defensas. Luego los acusados tendrán la posibilidad de decir unas palabras finales antes de que el tribunal pase a deliberar para dictar una sentencia.
Fiscalía pide penas de 6 a 12 años de cárcel
Para el director del Fondo de Inversiones para el Desarrollo Sostenible (Fides) del Indert, César González Parini, la Fiscalía pide una pena de 12 años; para los funcionarios que dependían de él, Sergio Ortega, Irma Piñánez y Eulalia Cardozo, siete años de pena privativa de libertad, ya que según la acusación ellos elevaban los informes a González Parini, quien era el que pedía los desembolsos.
En cuanto a Armando Báez y Ronald Guerrero, de la Fundación Nación Guaraní, el Ministerio Público solicita que sean condenados a 6 años y 12 años de cárcel, respectivamente, en calidad de coautores de lesión de confianza y estafa. El último retiró todos los desembolsos, pero el otro solo algunos.
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Para Rafael Luis Aguayo y Antonio Gayoso, ambos de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), el fiscal requirió penas de 10 años y 8 años, teniendo en cuenta que Gayoso no retiró todos los desembolsos pero Aguayo sí lo hizo.
Finalmente, para María Esther Leiva y Luis Gilberto Ruiz, de la Asociación Nacional de Productores Agropecuarios, el fiscal Guerrero solicita que sean condenados a 10 años de prisión.
Defensas hablan de nulidades y prescripción
La abogada Noelia Núñez, defensora de Luis Aguayo y Antonio Gayoso, afirmó que la acusación del Ministerio Público es nula porque fue presentada 14 días después del plazo que fijó el Juzgado de Garantías de la causa, el 10 de abril de 2017.
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“La acusación fiscal se basa en los desembolsos que se hicieron a través del Fides, pero no cuantifica ni demuestra de forma certera el daño patrimonial”, criticó Núñez en el programa de ABC TV “Expediente Abierto”, emitido todos los domingos de 19 a 20 hs.
Agregó que la Fiscalía no presentó como prueba una sola pericia, cuando que se habla de supuesta lesión de confianza, y resaltó que uno de los incidentes que debe resolver el tribunal es la prescripción de la causa.