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El Consejo de Emergencia Departamental, ONG presidida por el asesor de gabinete de la gobernación del Guairá Carlos Ramos, recibió G. 3.749 millones de los G. 12.764 millones (US$ 2.000.000) que integraron los fondos covid. Eran para la compra de cal agrícola, pollitos y balanceados, además para la construcción de un pabellón de contingencia y una planta generadora de oxígeno.
Sobre estos dos últimos proyectos, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) verificó el desembolso de G. 3.000 millones realizado por el gobernador cartista Juan Carlos Vera. La cartera encontró una serie de irregularidades en el uso del dinero público.
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Entre los puntos resaltantes están que la institución departamental entregó G. 1.690 millones a la citada ONG sin presentar las resoluciones y contratos respectivos, además de la presencia de funcionarios de la gobernación en la comisión y el incumplimiento de requisitos para realizar las obras.
Los auditores de la Senac igualmente detectaron otra grave anomalía. Y es que el tesorero del Consejo de Emergencia Departamental, Luis Alfredo Servián Rivas, resultó ser proveedor de otra ONG beneficiada por el gobernador Vera con recurso públicos.
Los detalles
El informe final de la Senac detalla que Servián Rivas facturó G. 374 millones a la Comisión de Desarrollo y Fomento 30 de Agosto, presidida por Rolando Meaurio, por la construcción de estanque para alevines. El comprobante, con fecha 4 de enero de 2021, menciona que la empresa tiene como rubros el comercio al por menor de materiales de construcción, otras especialidades en construcción, comercio de equipos informáticos y software.
Pero, el hallazgo de Anticorrupción es que Servián Rivas también aparece en la resolución 691/2020, del 10 de marzo de 2020, por la cual la Gobernación del Guairá reconoce la Comisión Directiva del Consejo de Emergencia Departamental. El “proveedor” figura como tesorero de la ONG que recibió la mayor cantidad de recursos públicos.
Es decir, a su cargo debió estar el manejo de los G. 3.749 millones.
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En ese documento junto a Servián Rivas se presenta como parte del consejo a Carlos Augusto Ramos, en el cargo de presidente; Rigoberto Marín Fariña, vicepresidente; Sergio Ruffinelli, secretario general; Romina Ramírez, secretaria de actas y Aarón Menzel, protesorero, mientras que como miembros titulares están: José Paredes, Víctor Peralta y Patricia Villalba.
De este listado son empleados de la institución departamental Ramos, Marín y Menzel, según los registros de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Es decir, el gobernador aprobó una comisión integrada por sus subordinados.
Un proveedor multirubro
Luis Alfredo Servián no solo aparece como proveedor de otra ONG sino también de la Gobernación del Guairá a finales del 2020, según el portal de Contrataciones Públicas. El sitio web detalla que el “tesorero” consiguió un contrato por G. 17 millones para la provisión de fotocopiadora, impresora laser y máquina contadora de billetes. Asimismo, Servián Rivas figura con acuerdos con el Sinafocal por G. 393 millones, por capacitaciones.
Cheques cobrados en efectivo y en ventanilla
Otro punto que resaltó el informe de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) es que los cheques emitidos por la Gobernación del Guairá para el Consejo de Emergencia Departamental salieron en forma nominativa a favor de Carlos Augusto Ramos y Luis Alfredo Servián, presidente y tesorero de la ONG, respectivamente. “Las transferencias no se realizaron al consejo como persona jurídica como tampoco el dinero se transfirió a alguna cuenta bancaria, debido a que la comisión no cuenta con productos bancarios”, agrega el documento.
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Los auditores de Anticorrupción detallan que los cheques de G. 1.400 millones, G. 800 millones y G. 290 millones (G. 2.490 millones) fueron cobrados por Carlos Augusto Rodas en ventanilla y en efectivo. Esta práctica es contraria a la establecida en la ley de Presupuesto General de la Nación.
Sin compras
Las irregularidades se suman a otras encontradas por la Senac durante su verificación. Una de ellas hacía referencia a la declaración de cero compras por parte de la ONG, pese a que en su rendición de cuentas están adjuntos comprobantes de las empresas Emprendimientos Guaraní SA (Arnaldo Pereira) y Ecomed (Clara López Armoa).
La primera supuestamente tuvo a su cargo la construcción del pabellón de contingencia, mientras la segunda de la planta generadora de oxígeno.