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Se trata del funcionario del Ministerio de Justicia Gustavo Venancio Gamarra Irrazábal (54), quien fue declarado culpable de la comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado y coacción grave por el Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos, integrado por las magistradas Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Elsa García.
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En un juicio que culminó este jueves 7 de abril, el colegiado resolvió condenar a cinco años de pena privativa de libertad a Gustavo Gamarra, luego de la producción de pruebas a cargo del agente fiscal Diego Arzamendia, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
Juez exigía sumas a cambio de dictamen favorable
De acuerdo con los antecedentes del caso, en diciembre de 2019, un funcionario de la Dinac fue notificado del inicio de sumario administrativo en su contra por ausencias injustificadas, lo que constituye una falta grave. En este contexto, la Secretaría de la Función Pública (SFP) designó como juez instructor a Gustavo Gamarra, por resolución N° 51/2020.
El 25 de febrero de 2020, Gamarra citó al sumariado a su oficina, ubicada en el recinto penitenciario “La Esperanza”, a fin de notificarle del sumario e informarle sobre su grave situación, siempre según el relato de los hechos de la Fiscalía, presentado en la acusación.
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El 5 de marzo, Gamarra volvió a convocar al sumariado, pero en dicha ocasión le manifestó que podía ayudarlo en el proceso administrativo con una resolución favorable a cambio de un pago de G. 5.000.000.
Días después de este encuentro, la víctima recibió varios mensajes a través de WhatsApp por parte de Gamarra, quien insistía en la entrega del dinero bajo amenaza de resolver el sumario en su contra y provocar su despido.
Ante presión sistemática, hizo préstamo para pagar coima
El 20 de marzo, Gamarra volvió a convocar al sumariado en el penal “La Esperanza”. En esta ocasión, solicitó la entrega de G. 3.500.000, al tiempo de advertirle que el plazo se agotaba. Posteriormente, le pidió adelantos de la suma de dinero indicándole que estaba en sus manos poder salvarse.
Las solicitudes de dinero por parte de Gamarra hacia la víctima se incrementaron sistemáticamente, en forma reiterada e insistente, con amenazas de provocar su despido. Esto provocó la angustia del afectado por temor a perder su trabajo y no poder conseguir lo exigido.
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La presión ejercida por el juez instructor entre febrero y marzo hizo que la víctima retire un préstamo de una entidad bancaria y recurra a sus allegados para conseguir el dinero.
En abril, el sumariado fue convocado por Gamarra en la vía pública, zona del Sanatorio Británico, donde le exhibió una supuesta resolución en contra, pero sin firma, con la que le intimó a cumplir su compromiso de pago.
En noviembre de ese año, Gustavo Gamarra presentó su resolución ante la Dinac. Sin embargo, Gamarra continuó escribiendo a través de WhatsApp a la víctima reclamándole el pago de las sumas de dinero que le debía supuestamente por la resolución emitida.