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Una vez más el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) figura como cerebro de presuntos aprietes a magistrados para direccionar causas judiciales en Alto Paraná, según refiere el exjuez penal de Garantías de Hernandarias Nelson Ojeda Quintana, que denuncia fue destituido de su cargo al negarse a prestarse a la jugada.
En la trama, que consta de mensajes de textos y documentos oficiales, se mencionan como supuestos protagonistas al actual presidente del JEM, Jorge Bogarín Alfonso, y al miembro por la Cámara de Diputados, Rodrigo Blanco (PLRA). También se identifica al abogado y concejal de Presidente Franco, Silferino Luis Gallardo (ANR, oficialista).
Ojeda sostiene que el motivo de su remoción como magistrado fue una excusa y que el motivo real fue oponerse a firmar la resolución de una causa que le enviaron solo para que le dé legalidad.
“En mi Juzgado, a mediados del mes de diciembre se abrió una causa bastante grande por lesión de confianza y estafa. La fiscal Claudelina Corvalán imputó en principio a diez personas. Cuando devolví la imputación por su redacción imprecisa, al contestar, acomodó los hechos y agregó a una persona más en la imputación. En esa causa supuestamente hay perjuicios millonarios en dólares, relacionados a empresas dedicadas a agronegocios”, explicó Ojeda.
Lo más irregular empezó ahí. Lo contactó a quien consideraban un amigo, el concejal Gallardo, que empezó a transmitir instrucciones para la causa, que según le hicieron saber, venían directamente del JEM.
La resolución “prefabricada” constaba de 21 páginas, y le ordenaron imprimirla y firmarla. “Quién pio te envió”, preguntó el aún juez Ojeda por mensaje, el 23 de febrero pasado, a Gallardo, el cual respondió: “Y ellos de Asunción”.
Ojeda dijo que el concejal colorado le hizo saber que es amigo del diputado Blanco, sin embargo, en el intercambio de mensajes, también citan presuntamente al presidente del JEM.
“Te va a llamar mañana Bogarín”, indicó Gallardo en otro de los mensajes. Tras su negativa a seguir órdenes fue apartado, y en su reemplazo designaron al juez penal de Garantías Amílcar Marecos, quien llamativamente sí firmó la resolución casi calcada que le enviaron a él.