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Las conclusiones preliminares de la misión técnica del FMI que tuvo a su cargo la evaluación de la economía paraguaya, en el marco del Artículo IV del Convenio Constitutivo del organismo, advierte sobre los riesgos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda y de las empresas públicas.
En el punto 10 del informe preliminar en donde aborda la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto público, entre otros, señala que los “riesgos fiscales de una Caja Fiscal no reformada, así como de empresas públicas con supervisión deficiente son sustanciales”.
El informe no da mayores detalles sobre el tema, pero se sabe que cada año aumenta el déficit de la Caja Fiscal y, según las proyecciones del Ministerio de Hacienda, que es la institución que administra a través de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones, en 2029 el saldo rojo llegaría a más de US$ 3.500 millones que deberá ser financiado con los impuestos que paga la ciudadanía.
A pesar de este panorama, sin embargo, los planes de reforma no avanzan y el deterioro de las finanzas se agrava cada año, por ejemplo en 2021 cerró el ejercicio con un déficit de más de G. 1,1 billón (US$ 164,1 millones), lo que representa una diferencia del -31% entre el ingreso proveniente de los aportes del 16% de los funcionarios activos y los haberes pagados a los jubilados.
En el primer bimestre del presente ejercicio 2022, por su parte, ya acumula un saldo rojo de G. 155.068 millones (US$ 22,2 millones), situación que se da principalmente en el sector de docentes, policías y militares; ya que los demás sectores: empleados, docentes universitarios y magistrados judiciales presentan superávit en esta relación ingresos versus gastos.
El déficit de los uniformados, según la explicación que dio en su momento Hacienda, se financia con los fondos provenientes de la recaudación de los impuestos, mientras que de los maestros se cubre con parte de los recursos de los sectores con superávit.
Las empresas públicas
Con respecto a las empresas públicas, en el informe preliminar del FMI tampoco se menciona nombres, pero se sabe igualmente la ineficiencia de las estatales en la provisión de servicios a la población, por citar las básicas como agua y electricidad, que constituyen frenos para el desarrollo del país.
Según la lista que están bajo la supervisión del Consejo Nacional de Empresas Públicas, a través de su órgano técnico la Dirección General de Empresas Públicas dependiente de la Subsecretaría de Economía del Ministerio de Hacienda, son nueve las entidades públicas bajo esta denominación.
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Ellas son: Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Compañía Paraguaya de Comunicaciones S. A (Copaco), Ferrocarriles del Paraguay S.A (Fepasa), Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Dirección Nacional de Aviación Civil (Dinac), Industria Nacional del Cemento (INC) y Petróleos Paraguayos (Petropar).
El informe adelanta que un diagnóstico de la gobernanza del año 2020 preparado por el FMI con la participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a ser publicado en breve, realizó recomendaciones que serían abordadas por una serie de reformas sobre las que el gobierno ha trabajado en los últimos años.
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Señala que las reformas se enfocan en anticorrupción, compras públicas, responsabilidad fiscal, reforma del servicio civil, reforma de las pensiones y su supervisión, así como una reforma de la estructura del estado para reducir la fragmentación de las principales funciones del gobierno y mejorar la coordinación, supervisión y el control.
Hace hincapié en que “los avances hacia su implementación han sido lentos e insuficientes, incluso en la discusión de proyectos de legislación enviados al parlamento.
Las misiones técnicas del FMI vienen recomendando desde hace años una reforma en estos dos sectores públicos mencionados, como la Caja Fiscal y las empresas, pero poco o nada se avanzó desde los diferentes gobiernos de turno.