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El abogado Cristian González, asesor jurídico de la Municipalidad de Maracaná, dijo que en más de cinco ocasiones tuvieron que viajar hasta el Juzgado de Caazapá en busca del expediente, a fin de ejercer la defensa en representación de la institución, pero que la magistrada Monserrat Vera no les ha permitido acceder al documento, “violando claramente las disposiciones de la legislación nacional que hablan del derecho que tiene la defensa en los procesos”, resaltó.
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El proceso guarda relación con el secuestro de la ambulancia de la marca Iveco Dally, llevada a cabo el 22 de marzo pasado en la sede comunal que fue ordenada por la jueza Monserrat Vera, en el marco de la acción preparatoria de juicio ejecutivo promovido por la empresa vendedora “Compañía Imperial del Paraguay S.R.L.”, que exige el pago de una supuesta deuda de G. 192 millones por el rodado.
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El letrado señaló que es evidente la manipulación de la justicia considerando que los jueces de Paz solamente pueden intervenir cuando el monto reclamado sea hasta 100 jornales mínimos, es decir, unos 28 millones de guaraníes. Pero develó que la estrategia que utilizaron para el secuestro fue la adenda de G. 20 millones, aprobada por la administración del exintendente Alfredo Gayoso (ANR), para la compra de una heladerita; “que no tenía nada que ver con la ambulancia para concretar el secuestro”, precisó.
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Corte solicita el expediente
El abogado Óscar Ocampos, director interino de la Dirección de Auditoría de Reacción Inmediata, dependiente de la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de una nota, solicitó la remisión del expediente principal “y en caso de imposibilidad de realizarlo, comunicar por escrito el motivo o la causa”, expresa el documento.