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Sorpresivamente, la Cámara de Senadores reflotó ayer el proyecto original del Ejecutivo y en una apurada sesión extraordinaria aprobó con pequeñas modificaciones el proyecto de ley que busca crear el Fondo de Estabilización de precios de los Combustibles (Fondecpy), con el cual se busca subsidiar los precios del gasoil común y la nafta de 93 octanos a 15 importadoras de carburantes.
El proyecto fue presentado por los senadores Arnaldo Franco (ANR), Javier Zacarías Irún (ANR), José Ledesma (PLRA), Carlos Zena (PLRA), Rodolfo Friedmann (ANR) y Ramón Retamozo (ANR). Se trató y se aprobó en una sesión que duró una hora y media y pasa a consideración de la Cámara de Diputados, que trataría en la fecha el plan normativo.
Con esto se pretende subvencionar los precios, tanto a los emblemas privados y Petropar, pues, según los parlamentarios, solo el subsidio a la estatal no alcanza a toda la población. Sin embargo, se olvidaron de debatir en la plenaria que esta subvención le costará US$ 70 millones mensuales al Estado, según los datos de Hacienda, teniendo en cuenta los precios internacionales de los carburantes, lo que aumentará el déficit fiscal.
El plan normativo pretende subsidiar el diésel común y nafta de 93 octanos a todos los emblemas que quieran adherirse a la subvención, para lo cual se creará un fideicomiso, con un aporte inicial de US$ 100 millones por parte del Estado, que se financiará con un préstamo de libre disponibilidad del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Si bien este fideicomiso –del cual saldrán los recursos que se desembolsarán a las distribuidoras de combustibles– debe “autofinanciarse”, amortizando y cancelando las obligaciones derivadas de la contratación de empréstitos previstos para la creación del fondo, también habilita a Hacienda a proporcionar mayores recursos públicos al fondo. Es decir, le da una discrecionalidad en el manejo de los recursos.
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US$ 70 millones mensuales
En este sentido, la normativa señala textualmente que adicionalmente al aporte inicial de US$ 100 millones por parte del Estado, el patrimonio del fideicomiso “podrá incrementarse con otros recursos provenientes de la contratación de empréstitos, donaciones, otras asignaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda u otras fuentes de financiamiento debidamente autorizadas en el marco legal vigente o por leyes especiales”.
Es decir, se da una libertad a Hacienda para brindar mayores recursos al fondo de estabilización, lo que podría causar un mayor endeudamiento. Justamente, el viceministro de Economía, Iván Hass, señaló que los US$ 100 millones que anteriormente previeron para la creación del fondo, hoy ya no será suficiente, porque ese monto se estableció para un subsidio máximo de G. 1.500 por litro que ahora ya trepó a G. 2.500.
“Financiar ese subsidio por litro del diésel tipo III y nafta 93 cuesta alrededor de US$ 70 millones”, señaló y resaltó que el empréstito de CAF tendría hoy, si se aprueba esta ley, una duración de 1 mes y 10 días, cuando anteriormente se quería utilizar por tres meses.
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Cuando se le preguntó qué recursos se podrán utilizar cuando se agote el crédito de CAF, si se aprueba la creación del fondo, dijo: “Y esa es la gran pregunta, porque la propuesta del Ejecutivo era alrededor de US$ 30 millones mensuales, que era para tres meses, y ahora se acorta eso para un mes unos unos días”.
El plan normativo también prevé que parte de las recaudaciones del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que grava la importación y la comercialización de los combustibles, también vaya al fideicomiso que financiará este fondo para lograr en el futuro la “autofinanciación”. Sin embargo, esto recién se podrá lograr cuando bajen los precios internacionales y cuando se puedan aumentar las bases imponibles de este tributo, por lo que en este momento el 100% del subsidio saldrá de recursos estatales.
Si bien se prevén controles de varias instituciones en el manejo de recursos no hay garantía de que esto ocurra, pues Petropar hasta ahora no socializa los datos de los carburantes subsidiados.