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Los funcionarios de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP) sumariados sin goce de sueldo por el máximo tribunal son Patricia Candia, jefa de sección de Mesa de Entrada; Marlene Enciso, jefa adjunta de la sección Inmuebles; y los funcionarios Rubén Santacruz de Archivo Inmobiliario y el registrador Cesar Picaguá, encargado de practicar las instrucciones.
El Consejo de Superintendencia de la máxima instancia judicial remitirá los antecedentes del caso al Ministerio Público para la apertura de una investigación por presunta producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
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Según la denuncia presentada el lunes último por la Directora General de los Registros Públicos Lourdes González, ante la Corte Suprema de Justicia, la semana pasada en la institución a su cargo se intentó habilitar la transferencia de un inmueble de 14.000 hectáreas, ubicado en el distrito de Caaguazú, por US$ 3.500.000 a nombre de Jacob Thiessen, un colono menonita dedicado a la agricultura en la zona.
Escritura falsificada apareció en el interior del país
González detalló a ABC que la escritura pública de compra - venta de hipoteca del inmueble tuvo ingreso en Mesa de Entrada de los Registros Públicos el pasado jueves 24 de marzo y, siguiendo el trámite normal, fue a sección.
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Estando en esta dependencia la escribana que hizo la presentación, identificada como Mirian Leonor Girett Franco, solicitó en Mesa de Entrada la devolución del documento, alegando que cometió algunos errores que debían ser enmendados, teniendo en cuenta que se trataba de una escritura de mucho valor.
En atención al pedido de la escribana, la jefa adjunta de la sección Inmuebles Marlene Enciso devolvió la escritura a Mesa de Entrada, pero el documento desapareció en un lapso aproximado de 24 horas, específicamente el jueves 31 de marzo, según el relato de Lourdes González.
La titular de los Registros Públicos agregó que poco tiempo después una escribana del interior del país se comunicó vía Whatsapp con la jefa de otra sección y le consultó sobre un título que le habían llevado para una operación ante una entidad bancaria.
“Nos llevamos una gran sorpresa al recibir la foto del título que nos envió esta escribana del interior, porque se trataba del título que desapareció de Mesa de Entrada de la sede central. A partir de allí nos dimos cuenta que esa escritura se hizo desaparecer temporalmente y luego apareció sin la hoja de seguridad, y que se sacó de acá rompiendo todos los protocolos”, resaltó la directora general de los Registros.
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Añadió que “para colmo de males” se percataron que esa escritura no debió ser formalizada, teniendo en cuenta que el Certificado de Condición de Dominio, que es el documento que habilita el visto bueno de cualquier tipo de escritura, fue expedido con nota negativa; por lo que la escribana no pudo haber autorizado esa escritura pública.
Otra irregularidad señalada por la Directora General de los Registros Públicos es que el Certificado Catastral de Inmuebles, otro requisito para formalizar cualquier escritura, todavía no fue expedido por el Servicio Nacional de Catastro.
Habrían ofrecido dinero para evitar la denuncia
González resaltó además que tanto ella como la jefa de sección que se percató de lo ocurrido, durante el último fin de semana recibieron llamadas a sus teléfonos particulares, por parte de personas involucradas en la situación que ofrecieron dinero a cambio de que no se denuncie el hecho, específicamente unos 35.000 dólares.
Sobre el punto la titular de los Registros Público destacó que “no se puede entregar a ningún profesional una escritura que ingresa a la institución jamás puede ser entregada en mano a un profesional, sin que haya pasado por la calificación y tenga la inscripción u observado o con nota negativa”.
En cuanto a la escribana Mirian Leonor Girett Franco, indicó que debería explicar quién le entregó la escritura pública y cómo se le perdió la hoja de seguridad que acompaña ese tipo de documento, teniendo en cuenta que esa hoja de seguridad es sumamente importante porque es la identificación del proceso notarial, ya que tiene el sello de inscripción y los pagos de impuestos.
Presume que intentaban estafar a un banco
González puntualizó que la presunción es que se sacó la escritura, se hizo una copia del documento, se le quitó la hoja de seguridad original, se le consignó sellos presuntamente falsos y luego presentaron ante una notaria de una entidad bancaria.
Agregó que el objetivo de toda la motiva habría sido negociar unos pagarés que son entre US$ 20.000 y 50.000 dólares, “para seguramente pedir descuento de pagarés y obtener dinero de algún banco”.
La titular de los Registros Públicos puntualizó que el inmueble en cuestión es la finca 14.499 de Caaguazú, que según detalló es un inmueble desprendido de la finca 4 que es una de las fincas matrices de ese distrito, que desde hace 30 años fue objeto de falsificaciones y adulteraciones en su superficie, que ocasionó la superposición de inmuebles.
Por último González informó que la investigación de lo ocurrido queda a cargo de la Superintendencia de Justicia.