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Los cuatro funcionarios fueron acusados por el Ministerio Público por el presunto hecho punible de lesión de confianza, estafa por sistema informático y cobro indebido de honorarios.
Los mismos habían sido sumariados y encontrados culpables en una investigación interna llevada a cabo en el año 2016 en la Comuna, y despedidos de sus funciones. Dicha investigación concluyó que estas personas estuvieron involucradas en la realización de transacciones bancarias de cuentas municipales a las que tenían acceso, en su calidad de funcionarios, para realizar pagos de salarios a funcionarios, mediante los cuales se acreditaban a si mismos sumas de dinero.
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Según el asesor jurídico de la municipalidad, Willian Amarilla, uno de los abogados que llevó adelante la investigación interna, el perjuicio en detrimento de la Comuna fue de unos G. 480 millones.
Como resultado del sumario los funcionarios fueron despedidos y denunciados penalmente ante la Fiscalía por el intendente Luis Yd (Alianza) en representación de la Comuna local. La causa fue impulsada por la fiscala María Palazón.
Lo llamativo del caso es que tres de los cuatro imputados (Fátima Román se declaró inocente), en audiencia ante el juez de garantías, Juan Carlos Bogarín Fatecha, el 9 de abril de 2019, habían admitido los hechos y se mostraron conformes con un procedimiento abreviado y reparar el daño pagando una suma de G. 5.000.000 pagaderos en 12 meses, a lo que se opusieron tanto la fiscala de la causa como el denunciante.
“Orfandad probatoria”
Durante la lectura de la sentencia al término del juicio oral, el presidente del Tribunal, el juez Enrique Iglesias, justificó la absolución de los procesados porque existió “orfandad probatoria”, según afirmó.
La fiscal Palazón, por su parte, sostuvo que el Tribunal de Sentencia no tuvo en cuenta como elementos probatorios el contenido de los sumarios, los cuales no están firmes porque falta el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. El sumario fue apelado por los afectados, y esto fue recurrido por el Municipio. Al no estar firme, el Tribunal no los consideró.
De acuerdo a lo manifestado por la fiscala, esos documentos respaldan gran parte de la causa promovida en contra de los acusados, pero no fueron tenidos en cuenta en el juicio. Dijo que esperará al 12 de abril, fecha designada por el Tribunal para presentar la sentencia definitiva, y entonces analizará la estrategia para presentar apelación.
“Sabor amargo a injusticia y puente a la impunidad”
Mediante un comunicado difundido por la Comuna local, el intendente Luis Yd sostiene que la decisión del Tribunal “no solo deja un amargo sabor a injusticia en quienes hace seis años hicimos de esta causa una bandera contra la corrupción, sino que tiende un peligroso puente a quienes amparados en el poder de la impunidad, siguen robando recursos públicos”.
“Reconocieron su culpabilidad por la apropiación de recursos municipales y a pesar de haberlo admitido, hoy son absueltos, luego que durante seis años pedimos justicia y no a la impunidad”, afirmó.
También cuestionó al Ministerio Público por no acompañar “a quienes se animan a denunciar la corrupción” y los acusó de desinterés y negligencia por omisión, lo que permitió “el famoso oparei” en la causa.
“Esta batalla perdida contra la corrupción nos desanima, pero no nos vence. Nuestra lucha se consolida porque sabemos que la impunidad de hoy, no impedirá que el Paraguay de la gente honesta siga adelante”, dijo.
“Alegar orfandad absoluta de pruebas, cuando los mismos acusados admitieron su culpabilidad raya la sinrazón. Este país no puede seguir soportando tanta impunidad”, concluyó.