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La Comisión de Cuentas y Control de Diputados, presidida por el diputado Édgar Acosta, desarrolló una audiencia pública para analizar el proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo de suministro y contrataciones públicas, que cuenta con media sanción del Senado. Representantes del Ejecutivo expusieron las reformas planteadas y gremios aprovecharon la ocasión para expresar sus críticas a la iniciativa.
La ministra de la Secretaría de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), Viviana Casco Molinas, manifestó que con esta propuesta se busca optimizar los gastos del Estado, que los mismos sean más eficientes y acordes al concepto de “valor por dinero”. De esta manera, no sólo se tiene en cuenta el bien o servicio por el precio más bajo, sino que se tenga en cuenta la calidad y la necesidad real de la adquisición.
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El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, reconoció que la propuesta quizás no sea “perfecta” pero describió que se basa en la experiencia obtenida con la implementación de la normativa actual, la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas. Destacó que desde el Ejecutivo se encuentran abiertos para aplicar las modificaciones que se consideren necesarias.
Gremios afirman que se mantienen vicios
El Ing. Augusto Ríos Tonina, en representación de la asociación “Ciudadanos contra la Corrupción”, cuestionó que en esta propuesta sigue habiendo procesos exceptuados del control ciudadano, como las compras con fondos de organismos multilaterales, ya que se prestan a maniobras indebidas y a que los recursos no sean utilizados para el objetivo que se traza al inicio de cada plan.
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Guillermina Imlach de Coronel, presidenta de la Asociación de Industriales Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Asomipymes), destacó que pequeñas unidades de negocios emplean al 70% de la población económicamente activa (PEA) y representan el 90% de las compañías del país, pero a pesar de eso apenas en un 9% es su participación de las compras públicas.
Mencionó que esto se debe, principalmente, a la burocracia y la excesiva demora del Estado para pagar a los proveedores. Como alternativa de solución, propuso que se apliquen reglamentaciones que faciliten la participación y se fomente la ley de factoraje.
“Hace diez años participé de una licitación pública y casi quebré. Tardé seis meses en cobrar por el servicio y mientras esperaba, debí soportar todos los costos para seguir operativa”, comentó.
Manuel Antonio Méndez, del mismo sector, lamentó la demora para resolver las propuestas y que las sanciones llegan cuando ya se ejecutaron todos los recursos.
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“Consultoría y fiscalización se debe mantener”
Julio Mendoza, de la Cámara Paraguaya de Consultores, cuestionó que se establezcan topes para la ejecución de fiscalizaciones y consultorías. Según dijo, estas son inversiones, sobre todo en las obras de infraestructura, para garantizar que las mismas se construyan tal como se planificaron.
Consideró que de aplicar las reglas como se sugiere en el proyecto de ley de compras públicas, se trataría de un retroceso.
Paulo Rodríguez, asesor de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), precisó a su vez que el gremio ya sentó postura ante la Comisión de Presupuesto de la misma Cámara y que lo hará ante la presidida por el diputado Acosta.
Afirmó que se cuestionan varios artículos.
Postura de UIP
Pidió ajustes normativos con relación a los procedimientos especiales vinculados al acuerdo internacional. Específicamente, limitar este tipo de llamados para que solamente se lo utilice cuando no sea posible el “acuerdo nacional”. Asimismo, con relación a las mipymes, el gremio solicita que los contratos a celebrados entre contratantes y estas unidades pequeñas de negocios, se paguen en un plazo máximo de 30 días.
Solicitó también la incorporación del ajuste obligatorio de los precios establecidos en el contrato, cuando haga falta “restablecer el equilibrio económico-financiero”. Asimismo, en los procesos que son recurridos ante la DNCP, pide eliminar la responsabilidad personal del protestante, para garantizar la máxima libertad de los particulares, en caso de denuncias de irregularidades.
Añadió que también se pide reformular el artículo sobre las sanciones por multas de modo a evitar que se pueda deslindar una responsabilidad administrativa con el simple pago de multa y, por último, incorporar la ley que reglamenta las declaraciones juradas hechas por particulares.