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En una reunión conjunta, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Constitucionales, y Legislación y Codificación, recibieron al ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo, y a representantes de los gremios de funcionarios de la Cancillería nacional, para escuchar las posturas acerca del polémico proyecto de ley del servicio diplomático, consular, administrativo y profesional (busca derogar la actual Ley Nº 1335/99).
El proyecto de ley fue aprobado en el Senado a fines de diciembre pasado, con fuerte lobby de la senadora Lilian Samaniego (ANR, oficialista), cuyo esposo es el cónsul general en Foz de Iguazú, Jorge Antonio Coscia Saccarello.
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El encuentro fue presido por el diputado Walter Harms (ANR, cartista), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. El principal pedido fue el de diferenciar, claramente, la carrera administrativa de la diplomática. Al término de la reunión, Harms informó que las sugerencias serían remitidas por escrito, lo antes posible, atendiendo que el documento debe ser abordado por la plenaria a finales de este mes.
“Ellos sugieren modificaciones de forma y también la diferenciación de lo que son las carreras civil, administrativa y la consular-diplomática que son absolutamente distintas y van por riendas separadas”, expresó Harms.
El canciller Euclides Acevedo insistió que el proyecto de ley de debe ser ampliamente debatido entre todos los interesados. Negó que se pretenda incorporar al escalafón a seccionaleros. Dijo que ese calificativo es inapropiado.
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Por su parte, Pedro Centurión, del Sindicato de Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, abogó por el proyecto y aseguró que éste reivindicará importantes derechos laborales postergados para funcionarios con más de 26 años de antigüedad.
El proyecto de ley cuenta con 136 artículos. Uno de los puntos más polémicos de la norma guarda relación con la habilitación al Poder Ejecutivo de incorporar “por única vez” al escalafón diplomático a funcionarios (unos 160) permanentes que cumplen funciones en la Cancillería o en el exterior, basado en la propuesta de la Junta de Calificaciones.