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El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos integrados por las juezas Elsa García, Yolanda Morel y Claudia Criscioni, postergó para el 18 de julio, a las 13:00, el juicio oral y público que deben afrontar el propietario de Imedic SA Justo Ferreira Servín y su hija Patricia Ferreira Pascottini, presidenta de la firma.
Ambos están acusados junto al despachante de Aduanas Carlos Alberto Gamarra por los supuestos hechos punibles de contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, que tienen una expectativa de pena de hasta 12 años de cárcel.
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Por esta causa conocida como de los “insumos chinos” también serán juzgados los aduaneros Guillermo Andrés Molinas Camp y Gustavo Adolfo Acosta Acosta, pero como presuntos autores de los delitos señalados en el Artículo 337 de la Ley 2422/04 “colaboración o complicidad de funcionarios públicos o despachantes de Aduanas”.
Acusación fiscal contra Justo Ferreira y su hija
El fiscal Osmar Legal, de la Unidad contra Delitos Económicos y Anticorrupción, señala en su acusación que la firma Imedic SA defraudó al fisco con el ingreso ilegal al país de 50 camas hospitalarias de alta gama, que fueron adquiridas previamente de la empresa panameña Máster House por un total de US$ 142.500.
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Según el Ministerio Público, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19 Imedic SA debía proveer al Ministerio de Salud Pública mascarillas con filtro por G. 33.660.000.000, trajes para riesgos biológicos por G. 14.080.000.000, camas manuales para pacientes por G. 212.500.000, totalizando la suma de G. 47.952.500.000.
El 18 de abril de 2020 arribaron a Paraguay no solamente las 400 camas solicitadas, sino que 450, y el excedente (50) eran camas de alta gama (eléctricas) que no estaban previstas en los papeles, pero aun así ingresaron al país.
Legal detalla en la acusación que el ingreso de las 50 camas fue posible porque el despachante Carlos Alberto Gamarra utilizó la Guía Aérea HKGA008325, que durante la investigación del Ministerio Público se comprobó que no era auténtica.
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Por su parte los funcionarios de Aduanas Molinas Camp y Acosta Acosta permitieron la inclusión de dichas camas en el despacho de importación y su posterior salida, sin que las mismas cuenten con la autorización de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.