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Facturas “clonadas” para justificar los desembolsos
El gobernador de Central, el cartista Hugo Javier González, hasta ahora es el único imputado por el presunto uso fraudulento de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones). Es porque el jefe departamental habría justificado el desembolso de esos fondos públicos al Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por Tadeo Álvarez, y al Consejo Regional de Salud, a cargo de Hugo Cabrera, presuntamente con facturas clonadas.
Además, González pagó por obras ya realizadas. Es decir, habría existido una doble facturación, según informes de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Contraloría General de la República (CGR).
El gobernador argumentó en su defensa que la rendición de cuentas estaba a cargo de las ONG beneficiadas. Sin embargo, el dinero público fue entregado pese a que la entidades no estaban habilitadas para realizar obras, dicen los reportes.
González, luego del escándalo, recurrió a licitaciones para el uso del segundo millón de dólares, G. 6.382 millones. Coincidentemente contrató a las mismas empresas a las que las ONG beneficiadas habían contratado, a finales del año 2020.
El 12 de abril será la audiencia para la imposición de medidas de González.
Custodio policial era parte de una de las entidades elegidas
El gobernador de Caazapá, el cartista Pedro “Pipo” Díaz Verón, es otro que optó por repartir parte de los US$ 2.000.000 (G. 12.764 millones) a ONG. En el caso de este jefe departamental (hermano del exfiscal general procesado, Javier), los recursos terminaron en manos de 7 entidades (ver info).
Una de las beneficiadas fue la Asociación Interdistrital de Caazapá, presidida por Yonny Guzmán, que recibió más de G. 1.939 millones, de los cuales G. 465 millones eran para la refacción de la exestación de trenes de Moisés Bertoni. Sin embargo, pese al desembolso, no se realizó la obra por falta de autorización de la Secretaría Nacional de Cultura.
Díaz Verón en su defensa dijo que los recursos fueron redireccionados, pero saltó que fueron a parar a obras también presentadas por el Consejo Regional de Salud, otra ONG beneficiada.
Asimismo, apareció que Díaz Verón transfirió los recursos a una ONG integrada por su custodio policial. Se trata de la Comisión de Desarrollo y Fomento Caazapá. La fiscalía allanó la gobernación por este caso, pero, luego de que “Pipo” pasó del oficialismo al cartismo nada avanzó más.
Millones en manos de sus funcionarios
El gobernador del Guairá, el cartista Juan Carlos Vera, también recurrió a las ONG para el desembolso íntegro de los G. 12.764 millones del fondo covid. El jefe departamental repartió los caudales públicos entre 17 entidades, según su rendición de cuentas (ver info).
El caso es que las entidades que recibieron la mayor cantidad de recursos estaban integradas por funcionarios de la institución departamental. En este grupo están la Comisión Directiva del Consejo de Emergencia Departamental, presidida por Carlos Augusto Ramos y la Comisión de Fomento y Desarrollo San José, a cargo de Aarón Mizraym Menzel.
Ambas ONG recibieron el dinero estatal supuestamente para realizar obras diversas, que en algunos casos no se hicieron a tiempo, según las verificaciones de la CGR.
Vera también transfirió fondos a la Liga Guaireña para la lumínica del Parque del Guairá, pero la entidad deportiva presentó a una empresa como la encargada de los trabajos, mientras la gobernación justificó con otra.
Exempleado entre beneficiados
El gobernador de Canindeyú, el cartista César “Tigre” Ramírez, también transfirió parte de los G. 12.764 millones del fondo covid a ONG. En el caso de este exfutbolista, los caudales públicos terminaron en manos de dos entidades “sin fines de lucro” (ver info).
Los recursos eran para obras diversas, como empedrado de calles, instalación de sistema de agua potable y edificación del local de la Unidad Sanitaria Familiar de Yasy Cañy, según la rendición de cuentas.
Las ONG elegidas por el jefe departamental recibieron el dinero en cuestión de horas, según evidenciaron los documentos. Además, existieron varias discrepancias con respecto a los reales beneficiados.
Asimismo, un punto bastante llamativo es que las dos entidades beneficiadas tenían a un integrante en común. Se trata de Nolberto Martínez, un joven de 23 años quien es un exfuncionario de la Gobernación de Canindeyú y de la madre del jefe departamental Ramírez.
El gobernador, para acallar las denuncias, recurrió a los insultos y habló de un pedido de auditoría a la CGR. Sin embargo, esto último hasta ahora no llegó, de acuerdo a nuestras fuentes.
Ramírez ahora aspira a un curul en el Senado por el movimiento cartista. El Ministerio Público ni asomó sus narices por su zona para investigarlo.
Equipo político manejó el dinero
El gobernador de Paraguarí, el cartista Juan Carlos Baruja, es otro que repartió en forma íntegra los G. 12.764 millones (US$ 2.000.000) entre tres ONG (ver info). Algunas de las entidades “sin fines de lucro” beneficiadas estaban presididas por cuestionadas figuras políticas del noveno departamento.
Es el caso de la Comisión Intersectorial del IX Departamento, que en principio estaba presidida por el jefe comunal de La Colmena, el cartista Mario Melgarejo.
Melgarejo, quien además es parte del equipo político de Baruja, estuvo al frente de la ONG por un periodo de un año. Luego apareció como presidente de la comisión otro cercano al gobernador.
Se trata del reelecto intendente de Caballero, el cartista Tomás Mereles Cano. Este jefe municipal no solo tenía una afinidad con Baruja en el ámbito político sino también saltó que su padre, también exintendente de Caballero, Tomás Mereles, resultó ser secretario de obras de la Gobernación y fue quien coincidentemente recomendó los desembolsos.
El gobernador Baruja en su defensa dijo que no había irregularidad alguna sobre esas transferencias ni en el parentesco. Empero, gran parte de los recursos sirvieron para posicionar su figura con miras a su intención de ser senador en el 2023.
La Fiscalía tampoco molestó a Baruja.