Cargando...
Los datos advierten que de aprobarse los mayores gastos salariales, como el caso de los actuarios judiciales y para otros funcionarios que están expectantes,así como de reducirse las posibilidades de recaudación tributaria, el déficit fiscal del -3% previsto para este año se disparará al -4,6% del PIB. En tanto, para el año venidero el saldo rojo representará el -3,7% del PIB.
El estudio menciona que el escenario de convergencia fiscal no consideraba aumentos salariales de manera general, solo los indexados al salario mínimo legal, mientras que por el lado de los ingresos se tiene el impacto de las iniciativas de reducción de impuestos en materia de régimen de turismo e IVA, por lo que se rechaza cualquier incremento en las remuneraciones y la disminución de la capacidad de recaudación del fisco.
Plan de convergencia
El plan de convergencia del Gobierno implica cerrar este año con un déficit del -3%, que ya está incluido en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022. Para el próximo ejercicio el déficit se reduciría a -2,3% y en 2024 el Estado volvería al tope de -1,5% del PIB, como lo establece la Ley de Responsabilidad Fiscal. Sin embargo, esto no sucederá en el caso de que se aprueben los proyectos en estudio en el Parlamento.
Lea más: La deuda pública al mes de febrero aumentó a US$ 13.901,6 millones
El saldo rojo del Tesoro se cubre con endeudamiento, por lo que antes de aplicar un freno a la creciente deuda pública, las decisiones que tome el Parlamento en el futuro podrían implicar el aumento de los compromisos nacionales e internacionales.
De acuerdo con los datos de Hacienda al mes de febrero pasado, el saldo de la deuda pública total asciende a US$ 13.901,6 millones,que equivale a 32,9% del PIB.