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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, finalmente firmó ayer el decreto reglamentario de la ley N° 6900/2022, que subvenciona los precios de la nafta de 93 octanos y del diésel común a la estatal Petropar. En principio, la normativa tendrá una duración de dos meses y Hacienda devolverá mensualmente las pérdidas que tenga la empresa pública por comercializar combustible por debajo de los valores del mercado.
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De acuerdo con el documento, se prohíbe a la red de estaciones de servicios habilitadas de Petropar la comercialización de los combustibles subsidiados a los consumidores finales que quieran adquirir a través de bidones, camiones cisternas o similares; como así también, a otras estaciones de servicios. Señala que los operadores que infrinjan estas restricciones y prohibiciones, quedarán suspendidos de pleno derecho para acceder al precio “preferencial” otorgado por Petropar, sin perjuicio de la “responsabilidad penal o administrativa en que pudieran incurrir”.
Además, agrega que en caso de incurrir a estos impedimentos, el siguiente desembolso de la compensación o reposición económica a Petropar será retenida por Hacienda “en la misma proporción de los volúmenes de combustibles que hubieren sido comercializados en violación a dichas disposiciones”. En este sentido, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) será la responsable de controlar el cumplimiento de estas disposiciones.
Asimismo, el decreto reglamentario dispone que las estaciones ubicadas en las ciudades fronterizas podrán comercializar solo hasta cinco litros de combustibles subvencionados a los clientes cuyos vehículos tengan chapas extranjeras.
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Senac debe habilitar portal de denuncias
Por otro lado, el decreto del Ejecutivo también encargó a la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), independientemente al mecanismo de control implementado por la Contraloría General de la República (CGR), a habilitar el portal de denuncias anticorrupción (www.denuncias.gov.py) y los canales institucionales que considere necesario, para la recepción de denuncias sobre cualquier irregularidad administrativa o posibles hechos de corrupción relacionados al subsidio de Petropar. Estos mecanismos serán con protección al denunciante, de manera a que la ciudadanía pueda delatar la venta irregular de carburantes subvencionados.
El subsidio de Petropar no podrá ser superior al 30% de la estructura de costos de la petrolera pública y en caso que se supere este porcentaje, dicha diferencia será trasladada al precio de venta al consumidor final.
De acuerdo con el decreto reglamentario, el Ministerio de Hacienda y Petropar deberán suscribir convenios para la reposición mensual de los recursos financieros de la estatal que se verán afectados. El Tesoro reglamentará los procedimientos de registración contable y presupuestaria y realizará las adecuaciones para la implementación de los pagos a Petropar, con base en la información remitida por Petropar.
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¿Qué debe remitir Petropar para cobrar el subsidio?
Según el decreto reglamentario, Petropar debe remitir a Hacienda el volumen total de los combustibles subsidiados que se vendan en los servicentros de Petropar, la planificación de la licitación o nominaciones contractuales de adquisición de combustibles, flujo de caja respecto a las compras y ventas de combustibles y la factura correspondiente a la diferencia entre el precio determinado por la estructura de costos y el precio preferencial, además de la provisión de cualquier otra información. Estos documentos tendrán carácter de declaración jurada. El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) también recibirán estos documentos a fin de que ambas instituciones analicen la consistencia de los datos remitidos.