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Intencionalmente, con el propósito de dilatar el proceso, la defensa del gobernador Hugo Javier González A., ejercida por los abogados Andrés Casati, Arturo Daniel y Fausto Portillo, desde noviembre pasado, mes en que fueron imputadas 15 personas entre ellas el administrador departamental, plantearon todo tipo de chicanas.
Por esta razón pasaron cinco meses desde que los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Luis Said, solicitaron que todos los investigados no vuelvan a ingresar a la Gobernación. Pero ahora, la defensa del exanimador de fiestas Hugo Javier afirma que la medida cautelar solicitada al Juzgado “carece totalmente de sentido” debido al tiempo transcurrido.
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“La juez impondrá las medidas cautelares que crea convenientes y oportunas para asegurar la presencia del gobernador al proceso. El Ministerio Público ha solicitado la prohibición del ingreso del señor gobernador a su despacho, ya carece totalmente de sentido porque la Gobernación ya fue allanada en dos oportunidades, es imposible que él obstruya la investigación o pueda esconder alguna documentación; y aparte de todo eso ya pasaron cinco meses desde que fue imputado y si quería esconder, quemar o sacar algún documento ya lo hubiese hecho en los cinco meses”, manifestó el abogado Andrés Casati para radio Ñandutí.
Casati sostuvo que la única intención del Ministerio Público es apartar a Hugo Javier del cargo, violando supuestamente la Constitución Nacional, además de violentar la voluntad popular.
“Con esta medida pretenden que el Poder Judicial, Poder independiente del Estado, se subrogue las atribuciones constitucionales que tiene el Poder Legislativo que es la de la intervención de la Gobernación, y lo cual ya se ha realizado si mal no recuerdo en el mes de diciembre dicho intento de intervención, y en la Cámara de Diputados no han contado con los votos necesarios por eso no se ha realizado la intervención mencionada. Acá la Fiscalía pretende que el Poder Judicial se subrogue las atribuciones constituciones que tiene el Poder Legislativo, que es la de intervenir las gobernaciones o municipalidades. La fiscalía pretende que el gobernador tenga una suspensión tácita”, manifestó el letrado en el mencionado medio de prensa.
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Los hechos indagados son lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa, en la causa donde se investiga la ejecución de 1 millón de dólares (G. 6.382 millones) del fondo covid-19, que el Ejecutivo transfirió a la Gobernación de Central en diciembre de 2020 para generar fuentes de trabajos durante la pandemia. Pero en la rendición de cuentas aparecieron facturas clonadas, anuladas, empresas fantasmas que figuran como proveedoras, además de una serie de irregularidades.
La jueza María Elena Cañete, del Juzgado Penal de Garantías de San Lorenzo, finalmente pudo fijar fecha de audiencia luego de resolver todos los incidentes planteados por los abogados de Hugo Javier y también de otros imputados.
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Rebeldía y orden de captura
La magistrada de caso declaró la rebeldía y ordenó la captura del exjefe del departamento de Presupuesto de la Gobernación de Central, Guido Rolando Portillo Torres, imputado por lesión de confianza en calidad de cómplice y como coautor del hecho punible de asociación criminal. El mismo no compareció a su audiencia de imposición de medidas el pasado 31 de marzo.
Portillo Torres habría informado a través de certificados de disponibilidad presupuestaria, sobre la existencia de previsión y disponibilidad presupuestaria para hacer frente a las obligaciones requeridas. El procesado es funcionario de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos y había sido comisionado en 2020 a la Gobernación de Central, donde cumplió funciones solo hasta noviembre de 2021, mes en que fue imputado por el Ministerio Público.