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“No existen los recursos para dicho aumento de sueldo”, dijo en primer lugar Macchi al ser consultado por ABC sobre el aumento salarial del 63,6% aprobado el último miércoles por la Cámara de Diputados para los actuarios judiciales y las consecuencias que podría generar en el caso de extenderse a otros sectores públicos, atendiendo el año electoral.
Hizo hincapié en que lo preocupante es que “el Parlamento siga considerando el aumento de gastos rígidos en un escenario de brutal caída económica producto de la sequía, déficit fiscal alto, la inflación más alta en años y un escenario internacional incierto”.
Considera que los aumentos salariales y beneficios aprobados en la Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022 ya eran una bofetada para la ciudadanía y el sector privado que pagó los costos de la pandemia por covid-19, ajustando sus ingresos para abajo.
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Además, indicó que “los beneficios pagados a funcionarios públicos en este escenario y que la prensa reporta en estos primeros meses del año, son inaceptables en un escenario donde las prioridades deberían ser otras”.
El empresario afirmó que es lamentable que en medio de tantas necesidades e incertidumbre las decisiones del Parlamento y del Ejecutivo apunten a asegurar la clientela política que los vote en las próximas elecciones.
“Así las cosas nos vamos alejando de nuestras conquistas en materia económica y que en el pasado reciente nos permitieron fortalecer nuestra clase media y lograr mayor bienestar a nuestra gente”, expresó el presidente de la Asociación de Bancos.
Finanzas públicas deficitarias
Macchi se sumó de esta manera a la preocupación manifestada ayer por el economista y exministro de Hacienda, César Barreto, y del ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, que adelantó el veto del Ejecutivo por el déficit de las finanzas públicas y porque abre las puertas para que todos los sectores públicos planteen lo mismo.
Barreto alertó que el déficit fiscal se va ampliar ya por efecto de la recesión y el injustificado subsidio a los combustibles, a lo que se suma ahora las elevadas demandas salariales, que podrían afectar la estabilidad macroeconómica del país, por lo que a su criterio el panorama que se vive es similar al año 2002 (cuando el Estado entró en cesación selectiva de pago).
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El referido proyecto de ley aprobado por Diputados modifica el artículo 1° de la ley 4992, que establece que los actuarios judiciales, secretarios o auxiliares de Justicia que se encuentren comprendidos en las generales de la presente ley, percibirán un salario mensual equivalente al 75% del salario correspondiente a los Jueces de Primera Instancia, más las bonificaciones correspondientes al cargo.
Según los datos expuestos en la sesión hay 804 actuarios con un sueldo de G. 6.500.000 mensual y una bonificación de G. 1.500.000, pero el proyecto de ley aumenta el salario a 10.635.750 mensuales, lo que implica un incremento de G. 4.135.750, con lo que el ingreso total de cada actuario será finalmente G. 12.135.750 (incluyendo la bonificación). El costo del incremento representa por lo menos G. 43.000 millones al año (US$ 6,1 millones).