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La Cámara de Senadores aprobó esta tarde el proyecto de ley “que establece medidas de protección a menores de edad ante las influencias de las máquinas tragamonedas”. La iniciativa apunta a prohibir la operación de las citadas máquinas en sitios no exclusivos de juegos de azar, tales como bares, bodegas, despensas y otros. De esta manera, el documento queda a cargo del presidente Mario Abdo Benítez para su promulgación o veto.
La iniciativa surgió a mediados del año pasado, luego de que investigaciones periodísticas evidenciaran que la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), en ese entonces presidida por José Antonio Ortiz Báez, firmó un contrato directo con la empresa “iCrop SA”, de Lucy Sy, de nacionalidad china taiwanesa, y Lilian Beatriz Vera de Qiu, con el objetivo de “legalizar” el uso de tragamonedas en comercios no exclusivos de juegos de azar. Las criticas principales se dieron porque esa maniobra se realizó violando la propia Ley N° 1016/97 de juegos de azar, que justamente limita la operación de estas máquinas únicamente en sitios exclusivos de este rubro y que está dentro de la atribución de las municipalidades su explotación y control.
Otro aspecto muy cuestionado fue el hecho de que la compañía privada cobra G. 300.000 de canon por máquina, al mes. El compromiso según el cuestionado contrato es “regularizar” 50.000 tragamonedas, por lo que la expectativa de recaudación sería de US$ 2,1 millones, y de ese monto, el 70% (US$ 1,5 millones) quedaría para el privado.
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En ese contexto, la Cámara de Senadores había tratado en una primera vuelta el proyecto de ley para reafirmar las limitaciones de uso de las tragamonedas. La iniciativa fue aprobada con modificaciones en Cámara de Diputados por lo que pasó de nuevo al Senado. Fue así que hoy, la Cámara Alta sancionó el texto. En esencia, el documento ratifica lo establecido en la ley de juegos de azar y establece sanciones.
Cabe recordar que las autoridades y exmiembros de Conajzar, entre ellas la titular de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), se encuentran procesadas por el Ministerio Público, entre otros motivos, por el contrato de Conajzar con iCrop. También por adjudicar la quiniela a una firma morosa del fisco y reducción del canon en pandemia.
