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El gobernador del Guairá, el cartista Juan Carlos Vera Báez, es otro que decidió entregar gran parte de los US$ 2.000.000, alrededor de G. 12.764 millones, del fondo covid a las ONG. El dinero público transferido por el Poder Ejecutivo a finales de 2020 debía ser destinado para la reactivación económica; sin embargo, las instituciones departamentales le dieron otro uso, según evidencian las rendiciones de cuentas presentadas ante la Contraloría General de la República (CGR).
Los documentos revelaron que las gobernaciones transfirieron los recursos a comisiones recientemente creadas o en su defecto integradas por sus funcionarios o personas allegadas. Tal es el caso de la jefatura departamental del Guairá.
De acuerdo a los informes, el gobernador Vera Báez repartió la plata pública entre 17 comisiones, de este número tres ONG estaban vinculadas a sus subordinados. Coincidentemente, estas tres entidades “sin fines de lucro” son las que recibieron la mayor cantidad de recursos públicos.
Casi el 50% del total
Una de las entidades beneficiadas fue la Comisión Directiva del Consejo de Emergencia Departamental presidida por Carlos Augusto Ramos Ruiz Díaz. Esta ONG recibió más de G. 2.949 millones, para la supuesta ejecución de diferentes proyectos como la construcción de una planta generadora de oxígeno y la edificación de un pabellón de contingencia.
También recibió los fondos para la compra de aves parrilleras y balanceado, además de un servicio de flete y entrega de cal agrícola.
Lo llamativo es que Carlos Ramos era titular de la Secretaría de Acción Social de la gobernación cuando recibió los recursos de la propia institución departamental. Su salario era de G. 2.500.000, según las planillas de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Otra ONG seleccionada fue la Comisión de Fomento y Desarrollo San José, presidida por Aarón Mizraym Menzel. Esta entidad sin fines de lucro recibió más de G. 614 millones para la construcción de empedrados en diferentes barrios de Villarrica, según los documentos.
Aarón Menzel al igual que Ramos Ruiz Díaz era funcionario de la gobernación al momento en que recibió la plata pública, de acuerdo a las planillas de la SFP.
Factura a otro nombre
La tercera ONG beneficiada con el dinero de emergencia es la Comisión de Progreso y Desarrollo Departamental San Antonio, presidida por Ariel Duarte. Esta entidad recibió más de G. 2.406 millones, para la construcción de empedrados en Rincón, Yvyra Poty, Tuyutimí y Lomas Valentinas, además de barrios y compañías de Villarrica.
También se facturaron trabajos de albañilería y plomería en el Club Juventud de Iturbe y la construcción de la cancha Yroysã, según la rendición de cuentas presentada ante la CGR.
Un punto llamativo en la documentación de esta ONG es que las facturas tienen como razón social el nombre de la Comisión de Desarrollo. Sin embargo, el RUC es distinto en varios de los comprobantes y en algunos incluso figura el número de cédula de Luis Duré Real, también funcionario de la gobernación del Guairá.
Solo a estas tres ONG la Gobernación del Guairá entregó más de G. 5.969 millones de los G. 12.764 millones, según los documentos. Es decir, casi el 50% de los fondos covid habría sido manejado por sus funcionarios.
Aval de la CGR
El gobernador de Guairá, Juan Carlos Vera Báez (ANR cartista), meses atrás había reconocido a ABC que sus funcionarios integraban las ONG. Entonces dijo que no estaba prohibido que los trabajadores de la gobernación integren, presidan o facturen en una comisión que recibe fondos de la misma institución.
Incluso, en aquella ocasión, argumentó que la misma Contraloría General de la República (CGR) habría autorizado que los funcionarios públicos reciban el dinero.
La mayoría de las gobernaciones recurrió a la práctica de entregar los fondos a ONG para burlar la Ley Nº 2051 de Contrataciones Públicas.
En el caso de las transferencias, las adjudicaciones son directas y sin respetar procesos licitatorios ni concursos de precios. Las ONG contratan empresas en su mayoría vinculadas o con cuestionamientos a la hora de cumplir los contratos.
Baruja, otro que empleó mecanismo
El gobernador de Paraguarí, Juan Carlos Baruja (ANR, cartista), es otro que recurrió a la práctica de entregar los fondos de emergencia a ONG integrada por personas vinculadas a su entorno. En su caso, gran parte de la plata de la emergencia por el covid terminó en manos de la Comisión Intersectorial del IX Departamento, presidida por el intendente de Caballero, el cartista Tomás Mereles Cano. Coincidentemente, Mereles Cano es hijo de Tomás Mereles, secretario de obras de la institución departamental y quien tuvo a su cargo la aprobación para el desembolso de los fondos. La ONG a cargo de Mereles recibió el dinero público para construcción de empedrados y sistemas de agua potable.