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El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás atendió el pedido de la fiscal Adjunta Soledad Machuca, quien a su vez ratificó el pedido de fiscal Rodrigo Estigarribia, y aplicó el procedimiento abreviado en el proceso que afronta el ex director de Asesoría Jurídica del Instituto de Desarrollo Rural y la Tierra (Indert), Aldo Eduardo León, por cohecho pasivo.
El procesado admitió los hechos atribuidos por el Ministerio Público y fue condenado a 2 años de pena privativa de libertad, pero con suspensión a prueba de la ejecución de la condena. Es decir, León no irá a la cárcel sin cumple las obligaciones y reglas impuestas por el Juzgado de Garantías.
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León debe donar en concepto de reparación del daño cerca de G. 40 millones, que serán depositados en dos cuentas bancarias de forma mensual, por la suma de G. 833.000 en cada una, por el plazo de dos años.
Además, tiene prohibición de salir del país sin autorización del juzgado, prohibición de cambiar de domicilio y de número de teléfono y comparecencia en forma trimestral, entre el 1 y el 10, ante el Juzgado de Ejecución.
Coima de US$ 200.000 para adjudicar tierras en el Chaco
Este proceso se inició con un allanamiento realizado al Indert por el fiscal Rodrigo Estigarribia el 19 de octubre del 2020, ante una denuncia por presuntos pagos de soborno y otros delitos, que derivó en la apertura de dos causas: una por el pedido de una coima de US$ 200.000, a cargo del juez José Agustín Delmás y, otra por un pedido de coima de US$ 20.000, a cargo del juez Mirko Valinotti.
El Ministerio Público procesó al titular del Indert, el abogado Mario Alfredo Vega Mereles, el jefe de Gabinete de la presidencia de la institución, José Luis Clerch Almada; el director de Asesoría Jurídica, Aldo Eduardo León; el exdirector administrativo del Indert, Diego de los Ríos Baquer; el representante de la Fundación Cerro Lambaré (Fucela), Pedro Martín Benítez Almirón, y la directiva de dicha ONG, Patricia Báez.
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En la audiencia preliminar realizada el 8 de febrero pasado para definir la situación de Aldo León, el fiscal Rodrigo Estigarribia se ratificó en su acusación y pedido de juicio oral y público para el letrado, por cohecho pasivo, cuya expectativa de pena es de hasta 3 años de cárcel.
A su turno la defensa, a cargo de la abogada Sara Parquet de Ríos, ofreció así concluir la causa con una condena de multa a ser establecida por el juzgado.
Ante el planteamiento de León, el fiscal Estigarribia cambió de postura y planteó la aplicación de una condena de 2 años de pena privativa de libertad con suspensión a prueba de la condena para que no vaya a prisión.
El juez de Garantías José Agustín Delmás imprimió el trámite de oposición y la fiscal Adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción Soledad Machuca ratificó el planteamiento del agente a su cargo.