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Esta mañana, Rubén Rousillón Blaires y Ricardo Núñez Giménez se presentaron ante la fiscala María Estefanía González para la declaración indagatoria por los aparentes hechos de corrupción en gestiones hechas al frente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar). Ambos se abstuvieron y aguardan la convocatoria del juez Humberto Otazú para la imposición de medidas, ante la reciente ratificación de la imputación por parte de la Cámara de Apelaciones Especializada en Delitos Económicos.
Rousillón y Núñez fueron abordados referente a renunciar al cargo, ya que la Ley N° 1626 de Función Pública establece que los funcionarios deben ser aparatados del cargo en caso de que sean imputados, sin embargo coincidieron en responder “sin comentarios”. Ambos se encuentran procesados por “legalizar” las máquinas tragamonedas en sitios prohibidos, adjudicar la quiniela a una empresa morosa del fisco (según el Gobierno aunque la empresa privada lo niega) y reducir el canon a concesionarias en pandemia.
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Por el mismo motivo, mañana deben presentarse ante la Fiscalía José Antonio Ortiz Baéz y Carmen Corina Alonso (titular de la Diben), exautoridades de Conajzar. También se encuentran procesados los exmiembros de la comisión Omar Rodrigo Mongelós y Raúl Mariano Silva Busto, además de el exprocurador de la República, Sergio Coscia, y el directivo de la TDP SA, Álvaro Wasmosy Carrasco, explotadora de la quiniela.
Núñez: borró con el codo lo que firmó en Gobierno anterior
Núñez, a diferencia de sus actuales colegas, sigue como integrante de Conazjar desde el Gobierno anterior, de Horacio Cartes. En ese entonces, y bajo la presidencia de Javier Balbuena en Conajzar, la comisión firmó un compromiso para erradicar el uso de tragamonedas en sitios prohibidos por ley N° 1016/97 de Régimen de Juegos de Azar. Ahora, con Mario Abdo Benítez como Primer Mandatario, Núñez fue uno de los que autorizaron la “legalización” de las citadas máquinas en bares, bodegas, despensas y otros comercios no exclusivos de juegos de azar. Es decir, Núñez cambia de postura según el Gobierno de turno.
Núñez fue abordado al respecto esta mañana y respondió a nuestra periodista: “Es lo que vos decís”. Al ser insistido que así lo reportan archivos oficiales, su abogado, José Valenzuela, le recomendó que no diera declaraciones. Núñez se mantuvo en silencio.
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Cabe recordar que el citado documento fue clave para la emisión del Decreto N° 3083, herramienta que especifica los sitios en los cuales pueden operar las tragamonedas. El objetivo del documento es proteger a los niños, niñas y adolescentes de la influencia de esas máquinas y no desarrollen la adicción a las apuestas (ludopatía).
Conajzar hace más de un año que mantiene vigente un contrato directo con iCrop SA, de Lucy Sy y Lilian Beatriz Vera de Qiu, para censar, catastrar y explotar tragamonedas en sitios no exclusivos de juegos de azar. Por las gestiones, la empresa cobra entre G. 300.000 y G. 450.000 al mes por máquina y de ese monto, el valor de un jornal mínimo diario (G. 88.051) es lo que llega al Estado, la expectativa de recaudación supera los US$ 2,1 millones. De esta manera, sólo el 30% (US$ 652.229) iría al fisco, mientras que el 70% (US$ 1,5 millones) se quedará para la firma privada, que según los referentes del sector, ni siquiera tiene experiencia en el rubro.
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Senado busca anular decisión de Conajzar
En la sesión de mañana del Senado, en el punto 11 del Orden del Día se encuentra el tratamiento del proyecto de ley en el que se establecen medidas de protección a los menores de edad ante las influencias de las máquinas tragamonedas, aprobado con modificaciones en Diputados. En esencia, la iniciativa propone aspectos que buscan anular la disposición de Conajzar con iCrop SA.
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Cabe recordar que la investigación se desarrolla tras la denuncia de los senadores Esperanza Martínez, Jorge Querey y Enrique Bacchetta, quienes sospechan que el contrato de tragamonedas consiste en la creación de una estructura para la obtención ilícita de recursos y lavado de dinero.
