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La Cámara de Senadores tiene previsto tratar en su sesión del próximo jueves el proyecto de ley “que establecen medidas de protección a menores de edad ante las influencias de las máquinas tragamonedas”. El objetivo de la propuesta es prohibir el uso de esas máquinas en sitios que no sean exclusivos de juegos de azar, y en esencia, apunta a anular el contrato que tiene la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) con la empresa iCrop SA, de Lucy Sy y Lilian Beatriz Vera de Qiu, para “regularizar” las citadas en esos sitios.
La propuesta fue aprobada en Senado, a mediados del año pasado, y también pero con modificaciones en Diputados. Ahora nuevamente será tratada en la Cámara Alta. Otra iniciativa, que surgió en paralelo al proyecto de ley de tragamonedas en la Cámara Baja fue la convertir la Conajzar en Dirección Nacional de Juegos de Azar (Dinajzar), que aún no fue tratada.
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El tratamiento se da poco más de un mes de que tres de las cinco autoridades de Conajzar sean cambiadas por críticas a la gestión con sospechas de comisión de hecho punible. María Galván reemplazó a José Antonio Ortíz Baéz en la presidencia y en representación de Hacienda; César Eladio Romero Roa, a Carmen Corina Alonso, en representación de la Dirección de la Beneficencia y Ayuda Social (Diben), y Alma Muhr Riera, a Omar Mongelós González, representante del Ministerio de Interior.
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La legalidad de “regulación” de tragamonedas es investigada por la Fiscala María Estefanía González, al igual que la adjudicación de la quiniela a una empresa morosa del fisco y la reducción del canon a concesionarias en pandemia.