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La Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), presidida actualmente por la intendenta de Ybycuí, María del Carmen Benítez (ANR, velazquista), pese a ser una organización no gubernamental (ONG) tiene atribuciones como cualquier institución pública. Es así que administra el Registro Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito (RNLCAT), plataforma habilitante a través del usuario a los municipios para que estos puedan expedir licencias de conducir y realizar sus respectivas renovaciones.
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La potestad otorgada a la Opaci hace que las municipalidades de todo el país vivan en constante zozobra. Y es que la falta de pagos a la ONG o simplemente negarse a firmar “convenios” para entregar parte de su recaudaciones por las transferencias de bienes raíces u operaciones de crédito (hipotecas) tiene como consecuencia inmediata el bloqueo del acceso al Registro Único de Tránsito (RUT).
Así lo dejó en evidencia y denunció a principios de este año la Municipalidad de Yaguarón, administrada por el intendente Luis Rodríguez (PLRA). La comuna tuvo que recurrir a un recurso de amparo para seguir expidiendo los registros de conducir a sus contribuyentes.
La historia
El escrito presentado por la Municipalidad de Yaguarón relata que la Opaci procedió a bloquear su usuario para el acceso al RNLCAT debido a una supuesta deuda del año 2008. La cifra reclamada era de G. 100 millones, pero no existe antecedentes ni documentos que avalen tal compromiso, según el pedido.
La institución municipal señala que la Opaci en un acto totalmente arbitrario, injusto y desprovisto de fundamento jurídico, dispuso el 21 de enero de 2022 inhabilitar sin previo aviso el usuario RUT. Este hecho dejó a la Municipalidad de Yaguarón sin posibilidad de cargar los datos e imprimir las licencias de conducir de los pobladores de su distrito.
El pedido judicial de la institución comunal expresa que mediante el acto bárbaro, cavernario y primitivo, la Opaci pretende coaccionarla a que abone una supuesta (y negada) deuda de dudoso origen. “Pero a quien en verdad se está perjudicando en sus derechos es a los pobladores de Yaguarón, que por una medida absolutamente ilegal de una ONG particular, beneficiada con la potestad de administrar la base de datos de las licencias de conducir de todo el país en virtud de la Ley 5016/14 se les está privando de acceder a documentos necesarios para la circulación”, dice el documento.
Agrega que si la Opaci cree ser acreedora de la Municipalidad de Yaguarón, en el Código Procesal Civil (CPC) están establecidos los mecanismos para el cobro de su supuesto crédito. “Lo que no puede hacer bajo ningún concepto es recurrir a la fuerza bruta para obligar al municipio a reconocer y honrar una obligación de dudosa legalidad”, puntualiza en forma contundente la solicitud comunal.
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Añade que “este acto arbitrario de la Opaci está privando a los ciudadanos del distrito de Yaguarón al derecho de poseer licencia de conducir, y lo más grave aún, los está privando de su derecho al libre tránsito consagrado en el Art. 41 de la Constitución Nacional, ya que es sabido que, tal como quedó dicho, para circular conduciendo un vehículo es requisito esencial contar con licencia de conducir”.
Presión para firmar “convenio”
El intendente de Yaguarón, Luis Rodríguez (PLRA), reconoció el conflicto que atraviesa desde hace tiempo con la Opaci. Relató que mediante el recurso de amparo consiguieron continuar con la expedición de las licencias de conducir; sin embargo, la ONG sigue presionando sobre la supuesta deuda como también exige a la municipalidad la firma de un convenio mediante el cual debe entregarle parte de su recaudación en concepto de transferencias de inmuebles y operaciones de crédito (hipotecas). “Nos piden el 2 por 1.000 (sic) de todas las operaciones en nuestro distrito”, declaró el jefe comunal.
Usada como una agencia de empleo
Exdirectivos y actuales miembros de la Junta Directiva de la Opaci convirtieron a la ONG en su agencia de empleo particular. Así lo revelan las planillas de funcionarios viralizadas días atrás.
En los listados figuran desde hurreros, primos, esposas hasta cuñadas de algunas de las autoridades de la entidad “sin fines de lucro”. La actual presidente de la Opaci, la intendente de Ybycuí María del Carmen Benítez (ANR, velazquista), por ejemplo, ubicó a varias personas oriundas de su comunidad.
Aparecen desde sus principales operadores políticos, parientes cercanos e incluso tres ediles municipales colorados de esa localidad. Se trata de Víctor Ramón González Britos, quien recibe G. 2.000.000; Miguel Morel, quien tiene un sueldo de G. 1.500.000; y Luis Andrés Rolón Samaniego, quien gana mensualmente G. 2.500.000, según los registros.
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La planilla también revela que el actual diputado cartista y expresidente de la Opaci (2007- 2011), Basilio “Bachi” Núñez, logró que su cuñada Esmilce Karina Cabrera Zaracho continúe como empleada de la ONG. Según la planilla, percibe un salario de G. 4.000.000.
Lo curioso es que la mujer también funge de empleada de la estación de servicios de su hermana Nidia Lorena Cabrera Zaracho, esposa del legislador y exconcejal de Villa Hayes. Bachi tendría más “cupos” en la ONG.
Otros miembros de la Junta Directiva, como el exconcejal de San Lorenzo, el cartista Nelson Daniel Peralta (actual asesor del imputado gobernador de Central, el cartista Hugo Javier González); la intendenta de Mbocayaty del Guairá, la velazquista Norma Godoy y el exintendente cartista de Villa del Rosario Eliodoro Andrés Caballero también tendrían a sus “ubicados”, según las planillas.
Pagos por publicidad
Los recursos recaudados por la Opaci - que hasta ahora no son controladas por una institución pública, pese a recibir fondos públicos- no solo son usados para mantener la estructura política de sus miembros sino para publicidad, asesoramiento, honorarios, etc. Así lo evidenció un listado filtrado sobre los gastos de la ONG.
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Por publicidad aparecen Carmen Catalina Palacios, Martina Dolores Cardozo, Primero de Marzo, Mirta Susana Martínez, Leopoldo Barrientos, Julio Fabián Costa, Orlando Zalazar Vázquez y Yesica SRL. Por honorarios figuran Néstor Barreto, Isabel Benítez y Arandú Informática, mientras que por asesoramiento aparecen Isabel Benítez, Zulma Patricia Genes, Gerardo Flor, Guillermo Maidana, Luis Rolón, César Cristaldo y Gilberto Baruja.
Mirta Martínez, una de las mencionadas, reconoció el contrato con la Opaci por publicidad. Aclaró que es un servicio que ella ofrece a la ONG a través de un programa radial.