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La jueza María Elena Cañete citó al gobernador del departamento Central, el cartista Hugo Javier González Alegre, para el próximo 12 de abril a las 08:30, quien deberá presentarse al Juzgado de San Lorenzo para la imposición de medidas en la causa “facturas clonadas” que investiga el Ministerio Público.
La administración de Hugo Javier incluyó en su rendición de cuentas facturas clonadas, otras anuladas, comprobantes a créditos que no fueron canceladas pero figuran como pagadas, facturas de empresas fantasmas y otras irregulares, para tratar de justificar el despilfarro de US$ 1 millón, unos G. 6.382 millones, del fondo covid-19, que el Ejecutivo desembolsó a la Gobernación de Central para generar fuentes de trabajos durante la pandemia.
La causa es investigada por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia, Luis Said y Francisco Cabrera y fueron imputadas 16 personas por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, entre ellas, el gobernador de Central Hugo Javier, el presidente de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), Tadeo Álvarez, además de varios contratistas, funcionarios de la Gobernación de Central y miembros de CIAP. Uno de los imputados, falleció el mes pasado de una afección cardíaca.
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Tadeo Álvarez, también fue citado para la imposición de medidas, audiencia que se llevará a cabo el próximo 5 de abril a las 08:20.
Pero antes, también los procesados en la causa como Paulino de los Santos Palacios, tesorero de CIAP, deberá comparecer el 30 de marzo, para el 31 de marzo fue citado Guido Portillo, jefe de Presupuesto de la Gobernación.
Por otro lado fueron llamados Óscar Morel Oses, contratista, para el 4 de abril y Nicolás Álvarez, síndico de CIAP (quien cobró uno de los cheques), para el 5 de abril.
Luego de innumerables chicanas presentadas por los diferentes abogados de los procesados, el Juzgado Penal de Garantías de San Lorenzo por fin logró fijar fecha para cada una de las audiencias de imposición de medidas que se retrasó desde noviembre del año pasado.
Tadeo Álvarez, presidente de la ONG CIAP, recibió G. 5.105 millones, de la Gobernación de Central, parte del fondo covid-19. Al igual que el administrador departamental, incluyó en su rendición de cuentas presentada en formato digital a la Contraloría General de la República (CGR), facturas clonadas, facturas de empresas fantasmas, facturas anuladas y otras a créditos que en realidad no fueron pagadas.
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Luego del escándalo que tomó estado público, en presunta complicidad del gobernador Hugo Javier González, varios comprobantes fueron reemplazados para desviar la atención de los entes de control como de la Subsecretaria de Estado de Tributación (SET), de Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), de la Contraloría General de la República (CGR) y de la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac).
También, en el informe final de auditoría realizada por la Contraloría, se confirmó una senda de irregularidades referente al uso de G. 6.382 millones. Además de CIAP, el Consejo Regional de Salud, representado por el doctor Hugo Cabrera, también recibió la suma de G. 1.276 millones.
Por ejemplo una de las anomalías confirmadas, refiere al asfalto hecho en el acceso del Consejo Regional de Salud y Parque Sanitario, que funcionan en la misma sede departamental, que costó G. 390 millones. El pavimento ya existió desde dos meses antes de la promulgación de la Ley Nº 6641/2020, de emergencia sanitaria por covid, normativa que permitió que el Ejecutivo transfiera a las 17 Gobernaciones la suma de US$ 1 millón a cada una.
Otras causas abiertas
El fiscal Juan Manuel Ledesma, también investiga a Hugo Javier, por la falta de rendición de cuentas y facturas que justifiquen la transferencia hechas entre 2019 y 2020, de unos G. 52.000 millones.
La fiscal Natalia Fúster, tiene otra causa también relacionada a transferencias hechas por la Gobernación de Central, pero esta vez, en setiembre de 2021 a una nueva ONG de nombre Tekove Servicios de Acción Social. La fundación recibió G. 5.800 millones y se desconoce el destino del dinero. En ambos casos, los agentes del Ministerio Público se llamaron a silencio.
Según el gobernador Hugo Javier González, el mismo asegura que solo es un perseguido de los medios de comunicación “por ser cartista”.