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La Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), actualmente presidida por la intendente de Ybycuí María del Carmen Benítez (ANR, velazquista), se presenta como una organización no gubernamental que aglutina a las municipalidades del país. Se conformó pregonando la libertad de asociación; sin embargo, lejos de eso se convirtió en una pesada carga para los contribuyentes.
La ONG, pese a ser de carácter privada, maneja la base de datos de las licencias de conducir. Esto hace que obligue a cada conductor de vehículo a pagar G. 10.000 por la expedición, renovación y anulación de sus registros.
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Además, la Opaci mediante un confuso convenio con el Colegio de Escribanos del Paraguay actúa como agente de retención sobre impuestos municipales por las transferencias de bienes raíces y operaciones de créditos (hipotecas). Por estos “servicios” la entidad, que se presenta “sin fines de lucro”, igualmente cobra un porcentaje en concepto de tasa.
A pesar de que la sostenibilidad y mantenimiento de la Opaci proviene en forma exclusiva de recursos públicos ninguna institución estatal verifica su manejo.
Esta falta de control permite que exdirectivos y actuales representantes usen la ONG a su antojo, convirtiéndola en una agencia de empleo particular. Es así que ubicaron a sus parientes y principales hurreros con sueldos millonarios.
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Sin embargo, los recursos de la Opaci no solo serían usados para ese fin sino también para pagos por publicidad, honorarios, marketing y asesoramiento. Así lo revela un documento filtrado en el cual se detallan las cifras desembolsadas en dichos conceptos.
En la supuesta lista aparecen Carmen Catalina Palacios, que años atrás figuraba con acuerdos por publicidad con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY); Martina Dolores Cardozo, también años atrás con contratos con la Municipalidad de Lambaré; Primero de Marzo, Mirta Susana Martínez, Leopoldo Barrientos, Julio Fabián Costa, Orlando Zalazar Vázquez y Yesica SRL. Los pagos por este concepto son un poco más de G. 11 millones, de acuerdo al documento sin especificar sí es mensual o anual.
En cuanto a asesoramiento, el listado menciona a Isabel Benítez, Zulma Patricia Genes, Gerardo Flor, Guillermo Maidana, Luis Rolón, César Cristaldo y Gilberto Baruja. En total se habría pagado más de G. 91 millones, según el informe.
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Por honorarios aparecen Néstor Barreto, Isabel Benítez y Arandú Informática, sumando G. 11.200.000. En tanto, que por diseño publicitario figura un solo pago de G. 2.500.000 a Leticia Ruiz García, de acuerdo al documento filtrado.
Más de G. 330 millones en marketing
El documento filtrado igualmente cita pagos por marketing a Natalia María Centurión, por más de G. 330 millones. Se trata del mayor desembolso de fondos que serían de la Opaci, según el detalle. Asimismo, aparece otro pago a Isabel Benítez de G. 16.500.000 por servicio de inventario y a Prototipo por G. 118 millones por mantenimiento según contrato. ABC intentó obtener la versión de la reelecta presidenta de la ONG, María del Carmen Benítez, pero no atendió las llamadas ni mensajes enviados vía WhatsApp. Benítez es actual intendenta de Ybycuí y aspira a la gobernación de Paraguarí.
Mantiene a su estructura dentro de la organización
Uno de los que continúa sacando provecho de la Opaci es el diputado cartista Basilio “Bachi” Núñez. El legislador ocupó la presidencia de la ONG entre 2007 y 2011 cuando también era intendente de Villa Hayes.
Bachi a su llegada a la ONG logró coparla con sus hurreros y familia política. Empezó nombrando a su pareja sentimental, la exconcejal de Villa Hayes Nidia Lorena Cabrera Zaracho, y otros de los parientes de la mujer.
Saltó, por ejemplo, su tío Félix Troche Ruiz Díaz que figuraba como sereno de la propiedad de la Opaci en Itauguá. Félix es el mismo que figuró en principio como el representante de Servilim SRL, primera empresa encargada del astillero del diputado cartista.
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A los ubicados se sumó la cuñada de Bachi, Esmilce Karina Cabrera Zaracho. Esta última estuvo por la institución unos años para luego tener su paso por la Conatel y la Agencia Nacional de Tránsito.
Al quedar sin un puesto público, Karina Cabrera regresó a la Opaci y es así que continúa cobrando G. 4.000.000 en forma mensual. Lo curioso es que ella a través de sus redes sociales funge ser la administradora de la estación de servicios a nombre de su hermana Nidia y no empleada de la organización.
Cifra de trabajadores triplica a presentación hecha por web
La cifra real de funcionarios de la Opaci sería tres veces más que la presentación vía web de la ONG. La planilla viralizada días atrás detalla más de 200 nombres, mientras que la organización presenta en forma virtual solo a 64 empleados.
En la página virtual de la Opaci hacen figuran los nombres de los funcionarios con sus respectivos cargos. En el documento también aparecen esos nombres, pero están obviados otros.
El manejo de la Opaci es todo un misterio, pese a que obtiene sus recursos a través de las municipalidades. Según los antecedentes, la ONG recaudaba en el año 2015 G. 17.000 millones solo por la expedición, renovación y anulación de las licencias de conducir.
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A esta cifra faltaba sumar las cuotas de las comunas asociadas a la organización como también los montos cobrados en concepto de intermediación por las transferencias de bienes raíces y operaciones de crédito (hipotecas).
De acuerdo a los registros, la Opaci hace siete años atrás llevaba un manejo de más de G. 42.000 millones. Esta cifra, sin lugar a dudas, actualmente sería el doble; sin embargo es imposible conocer debido al manejo privado de la entidad.
Sin informe
La Contraloría General de la República (CGR) había resuelto realizar una auditoría a la Opaci, luego de la presión ciudadana. El entonces titular de la ONG, el cartista Ricardo Núñez, exintendente de Villa Hayes (2010-2015) y hermano del diputado Bachi Núñez, anunció con bombos y platillos la apertura de “sus puertas” al ente de control.
Sin embargo, pasaron seis años de esa fiscalización y hasta la fecha no existe un informe de la CGR. Se trata quizás de la auditoría, cuyo resultado final tiene la más larga espera.
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El ente de control en consultas anteriores respondió que el informe final sobre las cuentas de la Opaci estaban en la Dirección Jurídica en la espera de un dictamen para su divulgación.
La Opaci nació como una oficina pública dependiente del Poder Ejecutivo en el año 1964, mediante la Ley Orgánica Municipal N° 222/54. En 1997, con el cambio de sus estatutos sociales, sale del ámbito público, pero mantiene todas las funciones y atribuciones de una institución estatal.